El 2016, para bien o para mal, se marchó. Hubo balances y se hicieron premoniciones para el año 2017, incluidas las del eterno almanaque Bristol. Entre los logros del año viejo, casi de consenso, está el reconocimiento de la tarea realizada por el presidente Juan Manuel Santos de haber firmado el Acuerdo para el Final de la Guerra con la guerrilla de las Farc. Superados los sobresaltos suscitados por la “borrachera” de las mentiras de los del ‘No’ en el plebiscito, se dice que sus principales desarrollos, legislativos, decisiones ejecutivas y judiciales, se deben materializar en el primer semestre del 2017, incluido, por supuesto, el desarme y la metamorfosis de la agrupación guerrillera en colectividad política.
A la paz, según se lee en escritos y panegíricos, se le anuncian efectos optimistas. En la economía agraria habrá reactivación en virtud de los diez millones de hectáreas de tierra de primera calidad que se habilitaran para la “reforma rural integral” y la devolución de las tierras del despojo. Sin embargo, un recién conocido conversador de estos menesteres, en el penúltimo día de diciembre, recordaba que la revolución en marcha de López Pumarejo (“un aristócrata liberal, sensible socialmente”), hace más de medio siglo, anunció la incorporación productiva de quinientas mil hectáreas de tierras a la reforma agraria que, como lo reseña la historia, quedó como constancia en el papel, nunca se permitió hacer.
Los farianos, dice el conversador, expresión del alzamiento campesino empobrecido, en el preámbulo de las conversaciones hablaron de un “fondo” de diez millones de hectáreas de tierra para la “reforma rural integral” intervenidas durante los próximos diez años. Seguramente será uno de los asuntos de mayores tensiones porque, como ya se anuncia, “los adquirentes de buena fe” y gremios ganaderos harán presión sobre el tema en el que Colombia, a diferencia de otros países, se quedó rezagado en una economía rural atrasada y poco productiva. Nada fácil pinta el asunto.
Las otras cábalas sobre economía, con guerra o sin guerra, han mantenido su crecimiento. El sector minero se ha movido por los indicadores internacionales del mercado. Preocupa, sin duda, que zonas de alto valor ambiental sacadas de la guerra, sin piedad, sean incorporadas al desafuero minero. Sobre infraestructura vial, desde los tiempos de los “soldados de mi patria”, se venía avanzando y existen pocos anuncios sobre infraestructura de conectividad con zonas agrarias y mercados campesinos aún desconectados. La economía ilegal de las rutas del narcotráfico, en un país con más geografía que Estado, es previsible que sean copadas por otras ilegalidades, hasta tanto no se supere la visión puramente represiva (fallida) del tratamiento de este flagelo global.
Entonces, así como a la paz se le cuelgan efectos en la economía, en la política se habla de aires de renovación. Por supuesto, hay que decirlo, los conversadores sobre las nuevas dinámicas políticas no ocultan los énfasis ligados a las preferencias presidenciales que, sin duda, en el mes de marzo arrancan campaña, incluida la renuncia y remplazo del Vicepresidente, en el que la opinión electoral, seguramente, se polarizará en el debate de cuál es la opción que garantiza la continuidad de lo acordado o, por el contrario, la que echa para atrás lo acordado por ser “una entrega al castrochavismo”.
Finalmente, aunque quedan comentarios en otros asuntos vitales, 16 curules adicionales en el Congreso no producen efectos renovadores en la Rama Legislativa. Por su parte, la amnistía, ya aprobada, como está escrito, pone en marcha el cronometro para la dejación de armas que, por aquello del azar y la magia, coincide con la fecha del 19 de abril. Aquel 19, entonces, la paz vuelve y juega.
Héctor Pineda
*Constituyente 1991