Hace 11 años, con la desmovilización de los grupos de autodefensas comenzó la aplicación del primer mecanismo de justicia transicional de Colombia. Hoy, cuando gran parte de los jefes paramilitares está quedando en libertad por cumplimiento de las penas alternativas de ocho años, el mayor reto del proceso está en lograr su reincorporación a la vida civil.
Y es que, solo en el 2016, 257 ‘exparas’ se vincularon al programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) –creada en el 2011 para orientar a los desmovilizados en su camino a la legalidad– luego de quedar en libertad. Ese número corresponde al 70 por ciento de los que bajo la ley de Justicia y Paz ya salieron de la cárcel.
Joshua Mitrotti, director de la ACR, afirma que hasta la fecha, todos los exparamilitares han cumplido con los requisitos del programa al 100 por ciento; sin embargo, indica que uno de los mayores desafíos para que sigan en la legalidad es que logren vincularse laboralmente.
¿Cómo es el proceso de reintegración de los desmovilizados?
Este es un proceso que viene después de que ellos pagan los ocho años de condena y reciben la libertad a prueba.
Hay personas que han estado recluidas por más tiempo y no han sido condenados, y se les da el beneficio de sustitución de la medida de aseguramiento. La diferencia solo es el mecanismo legal con el que salen de la cárcel, pero en todos los casos tienen que cumplir con todos los requisitos: contribución a la verdad y reparación a las víctimas.
¿En qué consiste?
El proceso dura máximo 6 años y medio. Tres meses antes de que salgan de la cárcel, los acompañamos para entender sus dinámicas, atención psicológica, carencias y fortalezas en lo educativo para ir definiendo con ellos un plan de trabajo. Se define a qué lugar de Colombia se van a trasladar y evaluamos los riesgos, los apoyamos en temas familiares y con la comunidad, y comenzamos el trabajo con entidades del sector público y privado.
En la alfabetización, el Sena es un actor fundamental; allí pueden hacer cursos complementarios, técnicos y tecnológicos, y aunque no podemos apoyarlos económicamente se hace toda la estructuración del posible negocio que quieren emprender. ( Lea también: Desmovilizados no son bien acogidos por los bogotanos)
¿Qué desafíos han encontrado?
Ellos acaban de arrancar, llevan un proceso de dos años. El primer caso de reintegración de Justicia y Paz nos llegó en marzo de 2014. Hemos tenido avances; hay personas que he visitado y que están trabajando en restaurantes, proyectos sostenibles y en talleres educativos, de la mano con las autoridades locales.
Es un programa que tiene unos resultados positivos. Vamos a mitad de camino, pero el desafío mayor viene ahora por delante porque la mayoría de la gente va a empezar a salir de aquí a un año, y vamos a tener un grupo importante de colombianos en procesos de reintegración. Podemos decir con absoluta certeza: los desmovilizados hoy están dando ejemplo de superación, de transformación y de compromiso en Colombia.
Sin embargo, el gran desafío es la informalidad, que alcanza el 68 por ciento, aunque hay 600 empresas directamente vinculadas a la política de reintegración. Son personas que están capacitadas; más de 26.000 han hecho cursos tecnológicos y complementarios en el Sena y están preparadas para vincularse laboralmente; por eso requerimos de más apoyo.
¿Cómo se definen los proyectos productivos?
Tenemos un profesional que los acompaña. Este orientador hace el levantamiento de las tareas y empieza a definir con cada uno cuál es la ruta de trabajo que él quisiera llevar. Se establecen unos acuerdos según la fortaleza y vocación de la persona, y se redefinen cada seis meses. Es un ejercicio voluntario, donde lo que queremos es acompañar con toda la dignidad y humanidad en que se construya un proyecto de vida en la legalidad. Hemos buscado alianzas con el sector privado para que se vinculen laboralmente. ( También le puede interesar: Llantas para recorrer el camino de la reconciliación)
¿Qué pasa cuando no cumplen los objetivos o se renuncia al proceso?
Estas personas tienen que estar en el proceso de reintegración. La sentencia que les da la libertad los obliga a cumplir mes a mes las actividades concertadas con la agencia. Encontramos que si una persona, por ejemplo, en los seis meses no pudo avanzar en el grado de escolaridad, (esto) no quiere decir que esté incumpliendo, sino que se deben reforzar algunas debilidades y competencias para que pueda superar ese ciclo educativo.
Si no cumplen el compromiso de la agencia, debemos notificarlo a los operadores judiciales. Afortunadamente, al día de hoy el 100 por ciento de la población ha realizado exitosamente sus labores.
¿Cómo se vigila el cumplimiento de las metas?
Nosotros nos encargamos de asegurar que el proceso de reintegración se cumpla; ya si la persona tiene un pendiente con la justicia, de eso se encarga el juzgado. Nuestra función principal es hacer acompañamiento en el proceso de reintegración, que busca reforzar las habilidades y competencias para el ejercicio autónomo ciudadano.
¿Los procesos son similares a los que se hacen con desmovilizados de las Farc?
Los procesos de reintegración de personas no postuladas a Justicia y Paz son voluntarios y colectivos. A la fecha, hemos recibido a 15.868 excombatientes de las Farc, 3.056 del Eln y 331 de otros grupos armados. En total son 49.000 las personas que han ingresado al proceso de la ACR.
Del modelo convencional de reintegración hemos aprendido que se debe realizar un trabajo de confidencialidad para asegurar que estas personas realmente pueden transitar hacia la civilidad con responsabilidad y eficiencia. Tenemos muchos casos exitosos de reintegración y de personas que han logrado salir adelante en la legalidad.
¿Qué sigue luego de que terminan los seis años?
Luego de terminar el proceso de reintegración, un juez define si la persona ha cumplido, y si es así estaría libre de antecedentes y no tendría ningún pendiente con la justicia. El proceso de reintegración es un condicionamiento para poder recibir esos beneficios.
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