La entrega o dejación de las armas en los procesos de pacificación, en distintas partes del mundo, se ha convertido en elemento de controversia en cuanto símbolo de cesación del conflicto. Sin embargo, en no todos esos procesos podemos decir que este se haya cumplido a satisfacción, primero, por cuanto siempre ha habido residuos de combatientes renuentes a esa entrega, dado que las armas han hecho parte de su ‘modus vivendi’ durante muchos años y no se resignan a quedarse sin el medio del cual pueden, todavía, derivar poder; en segundo lugar están algunos mandos medios que, estando de acuerdo con la finalización de la actividad guerrillera, operan como mafias que se roban lotes grandes de armas para negociarlas en otros espacios.
Cuando Noriega repartió en Panamá armamento entre los civiles para defender a su gobierno, que supuestamente sería objeto de una invasión de parte de los Estados Unidos, cumplido el hecho, los gringos hicieron un llamado público a la población para que todo aquel que tuviera esas armas en su poder pasara a entregarlas, y, según el arma, recibiría un estipendio que iba de 30 hasta 150 dólares, dependiendo de la clase de arma, sin ser objeto de ninguna sanción, lo cual fue un proceso exitoso.
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Ha habido situaciones más complejas en las que la adquisición y trasiego de armas han hecho parte del gran negocio internacional de compraventa de armas, del cual participan no solo grupos irregulares sino también Estados. Ejemplo de esto último fue una amenaza de conflicto bélico entre Perú y Ecuador, en el cual se denunció el papel que jugó el entonces presidente argentino, Carlos Menem, según las crónicas de la época, para facilitar la venta de un lote de armas a Ecuador.
En el caso colombiano, el negocio del armamento irregular se ha movido en gran escala; por ejemplo, el hundimiento por nuestras Fuerzas Armadas del barco Karina, que venía cargado de armas para el entonces M-19, el cual hizo curiosamente tránsito ‘inocente’ desde el lado atlántico al pacífico por el canal de Panamá; un gran avión carguero soviético Antonov, que bajo la coordinación del siniestro Montesinos, entonces brazo derecho del dictador peruano Fujimori, hizo un descargue de un gran lote de armas en nuestra selva amazónica proveniente de Libia; otro avión carguero proveniente de Panamá fue detectado por una emergencia que debió afrontar y prácticamente acuatizó en un río en la zona del Guaviare; también los Estados Unidos hicieron una gran persecución internacional de un ciudadano ruso, de los grandes capos del tráfico internacional de armas, al que capturaron en Bali, que era proveedor de las Farc, y luego de una dura batalla jurídica lograron su extradición a EE. UU. Cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia por el M-19 se encontró armamento que, en su momento, utilizaron los sandinistas en su etapa insurreccional en Nicaragua.
Aquí en Colombia se ha discutido mucho sobre las compensaciones económicas que las Farc deben entregar para reparar a las víctimas, pero aquellas todavía no admiten tener medios para ese cometido. Por ello, pensando en la solución gringa en Panamá, aquí se podría hacer otro tanto, lo cual sería un estímulo para facilitar que todo el inventario de armas que ellos tienen sea entregado efectivamente, por intermedio del mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas.
El plan consiste en que de acuerdo con las referencias de las distintas armas en poder de las Farc, estas se reciban por el Estado a un precio contable (especie de precio de mercado) cuyo valor constituiría un activo de las Farc, que junto con otras fuentes haría parte de la bolsa con la que se repararía a las víctimas. De esa forma se tendría un control sobre todas esas armas y se evitaría la tentación de que muchos mandos medios y bajos las negocien con grupos criminales, especialmente los del narcotráfico.
En ese contexto, es muy importante que exista un completo auditaje de todo el armamento en poder de las Farc, las cuales, en el marco de la tan promocionada justicia transicional, tendrían que decir cómo era el ‘modus operandi’ para su adquisición, quiénes eran sus proveedores y si existían métodos de triangulación de pagos, por ejemplo canje por estupefacientes.
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Otro frente en que las Farc están demostrando una sagacidad singular es en el uso de la semántica como lenguaje de lucha; el pasado 28 de diciembre escuché un repentino debate entre José Miguel Vivanco y una abogada de nombre Catalina Díaz, en La W Radio de Julio Sánchez Cristo, sobre la implicación jurídica del concepto de crimen de lesa humanidad, al cual las Farc, con la asesoría del abogado español Santiago, le colgaron el adjetivo “sistemático”, lo cual Vivanco dijo que no está bien por cuanto por ahí se pueden colar numerosas excepciones, pero nuestra abogada dijo que eso no era problema por cuanto habían revisado una larga lista de acciones de las Farc y casi todas son sistemáticas, y que de ser así sobraría tal denominación.
Después de escuchado ese debate, me puse a reflexionar sobre algunos hechos terroristas notorios de las Farc, como el atentado al club El Nogal, el caso de Bojayá, el caso de los diputados del Valle, el incendio de un oleoducto provocado por el Eln en Machuca —una vereda de Antioquia con centenares de muertos—, y si, por ser únicos en su categorización, ¿se clasificarían como no sistemáticos?
AMADEO RODRÍGUEZ CASTILLA