Hasta la mañana del 30 de diciembre, Adriana Cecilia Alarcón Gallego, fiscal 121 de la Unidad de Vida, tenía a todo el país sorprendido. El fiscal general Néstor Humberto Martínez la puso al frente del caso de Yuliana Samboní y en menos de 12 días juntó 57 pruebas documentales, 20 declaraciones de testigos directos y 30 pruebas científicas para acusar a Rafael Uribe Noguera. (Lea también: Desacuerdo en Fiscalía por caso de Rafael Uribe Noguera)
Por eso no se entendió por qué Alarcón no solicitó medida de aseguramiento contra los hermanos Uribe, en contravía con la estrategia que trazó el comité técnico de la Fiscalía.
Alarcón, que nació en Herveo (Tolima), entró en la Fiscalía en octubre del 2004. Llegaba del Consejo Superior de la Judicatura, donde trabajó durante seis años.
Un colega la describió como una persona muy preparada, técnica, profesional y se declaró sorprendido.
La abogada, que cuenta con una especialización en derecho penal y ciencias forenses, fue fiscal 233 de la seccional Bogotá, donde ya había enfrentado casos de abuso sexual en menores. (Lea también: Hermanos de Uribe Noguera, a responder por favorecimiento)
Alarcón finalmente llegó a uno de los escalones más altos dentro del ente acusador: Delegada ante jueces de circuito, donde gana casi 6 millones de pesos. Cuando EL TIEMPO trató de contactarla para conocer las razones para tomar estas decisiones, dijo: “Yo no hablo con medios”.
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