Iniciar la construcción de una “arquitectura institucional” en buena parte del país es una de las prioridades que tiene para el 2017 la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto.
Y eso tiene su razón de ser. De acuerdo con Rafael Pardo, el alto consejero, un estudio realizado por el Gobierno encontró que 619 municipios del país tienen atraso en cuanto presencia institucional.
De acuerdo con él, “son municipios que no tienen infraestructura educativa completa o no tienen estación de Policía y por eso se ha planteado hacer un mínimo vital institucional”.
Y esto no es otra cosa que buscar una mejoría de esas localidades en asuntos de infraestructura institucional básica.
“No se trata de proyectos productivos sino de temas institucionales”, agregó el alto consejero.
Según Pardo, la cantidad de recursos que se requerirán serán definidos en un Conpes que sobre posconflicto se hará en marzo.
“Es un proceso para los 15 años del posconflicto, pero de lo que se trata es de reducir brechas”, agregó.
Pardo también dejó en claro que el Gobierno ya comenzó a priorizar el denominado plan de 100 días, que contempla focalizar acciones en 51 municipios, hasta finales de marzo. Serán 777 proyectos que se ejecutarán en esas localidades.
Y las poblaciones seleccionadas son aquellas en las que se establecerán las zonas de ubicación de las Farc y las 30 que están más afectadas por la producción de coca. Algunas tienen la doble condición.
“Son proyectos pequeños, como el fortalecimiento de las juntas comunales, reparación de vías o reparación de instalaciones”, dijo.
El alto consejero también se refirió a los beneficios que la recién sancionada reforma tributaria tendrá para la paz.
“Se creó el impuesto al carbono que va al fondo Colombia Sostenible para la Paz –instrumento financiero para el posacuerdo– para proyectos de reforestación en áreas de posconflicto, como siembra de cacao, recuperación de bosques o sustitución de cultivos ilícitos”, agregó.
Por cuenta de este tributo se esperan recaudar anualmente unos 500.000 millones de pesos. También destacó que la reforma crea la figura de obras por impuestos para una lista de proyectos priorizados por el Gobierno. Esto, según Pardo, lo pueden hacer algunas empresas, como las petroleras y las mineras, que pueden escoger ejecutar una obra a cambio de cancelar un tributo.
Igualmente resaltó, dentro de la reforma, la creación de incentivos tributarios, un impuesto de renta reducido para las empresas que se localicen en zonas más afectadas por el conflicto. El Gobierno Nacional definirá cuáles serán.
Pero también el Gobierno está trabajando en el catastro multipropósito que va para toda la zona rural del territorio nacional. Habrá otros programas que llegarán al campo como seguridad social campesina y crédito rural.
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