El 23 de junio del 2015 llegó una particular carta a la oficina de Carmen Rosa Yee Batista, alta funcionaria del Banco Mundial. En ella, Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), advertía que estaba inquieto por la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre, donde Odebrecht participaba. Esto, porque el Banco Mundial prestó 430 millones de dólares para esta obra y exigía una transparencia total al entregarla. (Lea también: Esta es la operación rastrillo a los contratos de Odebrecht)
Franco advertía, con copia al entonces procurador general Alejandro Ordóñez, que era necesario hacerle un acompañamiento cuidadoso al proceso por la información que se estaba conociendo sobre Odebrecht.
En ese momento, se estaba tramitando la Ley 1778 que inhabilita las sociedades que hayan tenido “conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, así como las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional”.
EL TIEMPO conoció que la CAR, que se encargaba de la adjudicación, quería evitar cualquier intento de presión para la asignación del millonario contrato. De hecho, esa prevención llegó hasta la Casa de Nariño.
Incluso, se había denunciado que se borró parte del video que la CAR grabó el día de la audiencia en la que se conocieron los dos consorcios habilitados: Aguas del Salitre, integrado por Odebrecht y OTV; y Expansión PTAR Salitre, conformado por Aktor Technical Societe, Aqualia y Cass Constructores.
La licitación, que fue finalmente adjudicada a Expansión PTAR Salitre pero que aún no se ha iniciado, fue denunciada por Odebrecht. El penalista Jaime Lombana, que representaba a la empresa brasileña, cuestionó la falta de transparencia.
EL TIEMPO se comunicó este miércoles con el abogado, quien aclaró que solo rindió un concepto en el que señalaba que la asignación de ese contrato se debía hacer en una audiencia pública con presencia de la Procuraduría y que esa fue su única participación con los brasileños.
Detrás de los temores que llegaron al Banco Mundial también estaba la inquietud por el megacontrato del túnel Tunjuelo-Canoas, de 253.000 millones de pesos, que le adjudicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) al consorcio compuesto por Odebrecht y Cass Constructores de la organización Solarte.
Este se suscribió el 30 de diciembre del 2009, en pleno mandato de Samuel Moreno Rojas. El entonces zar anticorrupción Óscar Ortiz González denunció irregularidades en la escogencia del constructor y dijo que el tratamiento entre los proponentes para hacer la megaobra había sido “desigual”. (Además: Expresidente Uribe se pronunció sobre los sobornos de Odebrecht)
Varios concejales bogotanos también señalaron cercanías entre dirigentes del acueducto y la firma interventora de los túneles. Y a la Procuraduría incluso llegaron videos donde algunos políticos locales decían haber participado en la adjudicación.
Al final, la obra terminó en un pleito entre el acueducto y Odebrecht, pues las tuneladoras con las que se hizo la obra quedaron a 70 metros bajo tierra, lo que no ha permitido la puesta en marcha del proyecto.
Contratos en el país seguirán vigentes
El presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, acudió este miércoles a la citación de la Fiscalía en el marco de la investigación por el escándalo de Odebrecht.
Andrade dijo que los contratos suscritos en el país con la firma brasileña seguirán vigentes hasta que se compruebe que hubo sobornos.
“La ley dice que hasta que no esté comprobado que cometieron un delito contra la administración pública, pues no podemos actuar. Nosotros no somos el ente que comprueba eso, para eso está la Fiscalía (...). En cuanto ellos notifiquen, tomaremos medidas”, dijo a su salida del búnker. (También: Empiezan indagaciones a sobornos de compañía Odebrecht en el país)
La ANI tiene un contrato con Odebrecht para la obra de la ruta del Sol sector 2, por 2,4 billones de pesos en ese momento. La obra fue adjudicada en el 2009 por el Inco.
El otro contrato es Navegación Río Magdalena en el que se incumplió el cierre financiero por lo que luego se anunció un compromiso de crédito bancario.
Aunque Andrade fue requerido por el ente acusador, no significa que esté siendo investigado. Sus declaraciones pueden ser útiles para determinar las actuaciones de Odebrecht en Colombia.
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