La empresa que podría quedarse mañana con el contrato de más de 77.400 millones de pesos para la vigilancia electrónica de condenados en el país es la misma que la Contraloría General ha venido investigando por incumplimientos en un contrato de brazaletes del 2014.
Energía Integral Andina S. A., la firma que se ha ganado este negocio desde el 2011, y según los mismos oferentes de esta licitación sería la que una vez más podría resultar elegida, es cuestionada en una indagación preliminar conocida por EL TIEMPO.
La investigación contra funcionarios y el contratista se abrió por denuncias ciudadanas y por observaciones que, en su momento, presentó el director del Inpec sobre las deficiencias en la ejecución del contrato 0321 del 2014, firmado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (Uspec) y Energía Integral.
Aunque ese contrato tuvo un costo inicial de 14.310 millones de pesos y una duración de seis meses, contados desde el 6 de diciembre del 2014, terminó costando 21.533 millones de pesos por adiciones presupuestales y se prolongó hasta el 30 de enero pasado.
Según la indagación, en ese contrato se habría cometido un presunto detrimento de 246 millones de pesos, pero lo más grave son los incumplimientos de la empresa que podrían haber afectado la seguridad de los investigados y condenados que han sido beneficiados con los brazaletes para su detención domiciliaria.
Por ejemplo, en una de las quejas que hizo el mismo Inpec en mayo del 2015 se cuenta que, aunque el contrato de vigilancia electrónica requería un número mínimo de 4.400 equipos, esa cifra “nunca se alcanzó durante la vigencia del contrato 0321 de 2014”.
“Tal deficiencia impidió que mayor número de personas con el beneficio judicial concedido pudieran cumplir sus medidas restrictivas por fuera de una cárcel”, se lee en el documento.
El Inpec también reportó que algunos equipos que la empresa entregó para vigilar a detenidos eran obsoletos, “lo que generaba reportes inexactos”. Además, hubo 2.915 novedades técnicas con los brazaletes que quedaron pendientes de resolver. La Contraloría también tuvo acceso a reclamaciones de diferentes cárceles del país “respecto a la inutilización de los equipos por circunstancias imputables al contratista, tales como agotamiento de batería o generación excesiva de alarmas que no correspondían al comportamiento del interno monitoreado”.
Según la investigación, del detrimento, 201 millones de pesos corresponden a pagos que se hicieron a la firma por brazaletes que en bases de datos aparecían como “apagados” o en “revisión técnica”, por lo que la Uspec terminó girando dinero por equipos que estarían fuera de servicio.
La Contraloría no descarta que las pérdidas sean mayores, pues aún no se han revisado todas las facturas, sino que se tomó una muestra de 15 soportes de pago, por lo que “el monto puede incrementarse en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal”.
Los otros 45 millones de pesos del detrimento se habrían generado por la forma como se contabilizaban las novedades, las cuales llevaron a que “siempre se pagara un día de más al contratista”.
También se evidenció que la firma tuvo prolongados incumplimientos relacionados con su demora para responder a los daños que se reportaban con los brazaletes. Aunque el contrato decía que Energía Integral debía dar una respuesta en máximo 48 horas cuando se alertara alguna anormalidad, se encontraron equipos que estaban fuera de servicio por meses completos “sin que existieran acciones correctivas por exigencia de la supervisión contractual”.
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