A punto de culminar la primera fase de aplicación de los acuerdos al más dilatado y cruento conflicto armado en que ha estado hundido el país, los partidarios de la paz con justicia social esperábamos que las otras dimensiones de la violencia (simbólica), determinadoras de la crisis múltiple que golpea a la sociedad colombiana, amainaran su agresiva dinámica. El provisorio clima de convivencia emergente hacía posible esperar que sus actores estuvieran mínimamente dispuestos a contribuir al rediseño institucional con una nueva ética que condujera a la transformación colectiva de las estructuras de dominación vigentes.
Sin embargo, el resurgimiento de la crisis nos ha llegado con un ímpetu digno de mejor causa a través de un billonario saqueo del Estado, emprendido desde sus propias instituciones, que por poco equipara los costos de cincuenta años de conflicto. Para ‘tapar ese hueco’, la tecnocracia neoliberal ideó una injusta reforma tributaria en complicidad con las élites tradicionales, para golpear a los estratos menos favorecidos de la sociedad.
Al mismo tiempo, una macabra ola de asesinatos selectivos de líderes sociales y defensores de derechos humanos les ha impedido a los despojados de la tierra constituirse en sujetos de derechos para restituirlas, lo cual les confiere razón a quienes desde distintos espacios de reflexión consideran que la guerrilla es una consecuencia y no el origen de nuestros más agudos problemas.
El acumulado de crisis que hoy amenaza con paralizar la dinámica de convivencia pactada admite consideraciones que van más allá de la catalogación de la violencia política como causa de la crisis. Desde una perspectiva científica, esta es la consecuencia del origen y desarrollo histórico de unas instituciones políticas y económicas mal estructuradas, proclives a la exclusión y a la dependencia externa, que han influido en nuestro desenvolvimiento sociocultural y afectado gravemente la participación social en la construcción de su destino colectivo.
No cabe duda alguna de que estamos ante una crisis de representación política de la sociedad colombiana, inducida por el predominio de las fuerzas económicas en la esfera de lo público, en sus múltiples dimensiones institucionales; un modelo neoliberal cuyas bases fueron pactadas en la Asamblea Constituyente de 1991, entre socialdemócratas y neoliberales, y cuya vigencia no ha hecho sino reproducir inequidad y violencia.
Si la mirada se aguza un poco, se encontrará que el culpable de nuestra encrucijada actual no es en su totalidad el cabecilla del Centro Democrático, quien, ¡claro!, ha puesto su cuota de astucia desestabilizadora para devolver las cosas al punto exacto de sus intereses.
Actores como él ignoran o prescinden de todo compromiso moral. Hacen lo que quieren y les conviene a sus respectivos intereses egoístas, sin que se les ocurra ni permitan que nadie intervenga para poner orden y sanción a sus comportamientos moralmente inadecuados.
Uno a uno, hemos visto caer en manos de la justicia a miembros de su gobierno. Como político, se ha formado en el mal hábito de defenderse con ataques insulsos y/o matreros, como lo ha hecho con el notable columnista Daniel Coronell por sus sustentadas denuncias contra la corrupción de su gobierno o con la magistrada del Consejo de Estado Lucy Jeannette Bermúdez, por su ejemplar providencia en la que condena las trampas y mentiras utilizadas por la campaña del CD en el plebiscito.
Parafraseando al sociólogo polaco Zygmunt Bauman, la ceguera no está solamente en los ojos de los actores sociopolíticos, sino que contagia a toda la sociedad, que contempla pasiva y permisivamente la corrupción sin hacer nada para impedirla; ceguera y torpeza que están presentes a la hora de elegir candidatos para las responsabilidades políticas o estatales, en las que vuelven a elegir a los mismos corruptos que les están robando dinero, oportunidades y esperanzas.
Alpher Rojas