El presidente argentino Mauricio Macri produjo este lunes un sismo político al relevar al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, con una economía en recesión y reformas impopulares en su primer año de gobierno.
“El Presidente le pidió la renuncia (a Prat Gay). Es un tema de diferencias políticas”, anunció el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una conferencia de prensa.
La caída del mayor responsable de la política económica argentina vino también de la mano de una reforma, al ser dividida la cartera en dos y nombrados los economistas liberales Luis Caputo (Finanzas) y Nicolás Dujovne (Hacienda). (Lea también: Macri, en jaque por unión opositora en el Congreso)
La economía acumula en el año un derrumbe de 2,4 por ciento, tras los ajustes aplicados por Macri para afrontar un pesado déficit fiscal y atraer inversiones.
La recesión comenzó con la devaluación de 32 por ciento dispuesta por Macri al asumir en diciembre del 2015 y se ahondó con una inflación anual de más de 40 por ciento, con fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios y el consumo, según consultoras.
Peña elogió a Caputo por ser el funcionario que hasta ahora conducía el área de financiamiento público.
En cambio, Dujovne es director de una consultora de mercado y formó parte de la Fundación Pensar, un tanque de ideas de la gobernante alianza Cambiemos, que une a derechistas con socialdemócratas.
Macri bajó los impuestos a grandes productores del campo y de la minería, mientras que aumentó la presión tributaria sobre sectores medios y asalariados, incluso con un ‘tarifazo’ en los precios de la energía. Puso, además, un tope a los reajustes de salarios, que perdieron poder frente a la inflación. Y redujo el presupuesto de ciencia y tecnología.
Pero en Argentina, siete de cada diez personas piensa que Macri “gobierna para los ricos”, según una encuesta de la consultora Ceop, del sociólogo Roberto Bacman.
Endeudamiento
Lo cierto es que Prat-Gay era un ministro clave del gabinete por su mayor perfil político. De hecho, se anotó éxitos como la salida del cepo cambiario, un tope para adquirir divisas que impuso el gobierno peronista de centroizquierda de Cristina Fernández de Kirchner.
También le pidió al titular del Banco Central (autoridad monetaria), Federico Adolfo Sturzenegger, bajar la tasa de interés de 25 por ciento para reactivar la economía. Pero Sturzenegger se rehúsa con el argumento de que se debe derrotar la inflación.
Según Peña, “conseguir financiamiento”, será la misión de Caputo, quien tuvo un rol crucial en las negociaciones para poner fin al agotador conflicto judicial con acreedores ultraespeculativos (fondos buitres). (Además: Tras un año de gobierno, la inflación atormenta a Mauricio Macri)
Argentina volvió así a los mercados financieros y dejó atrás la política estatista y de desendeudamiento de Kirchner (2007-2015).
Se convirtió en un país líder en captación de fondos y sumó casi 50.000 millones de dólares a su deuda pública y la hizo saltar del 42 por ciento al 53 por ciento del PIB, un nivel que la mayoría de los economistas aún consideran manejable.
Por su parte, Dujovne fue economista jefe del privado Banco Galicia (capitales locales) y consultor del Banco Mundial. “Es muy valioso por su experiencia”, afirmó Peña.
El flamante Ministro de Hacienda discrepó con la política de shock del gobierno con el ‘tarifazo’, que motivó protestas callejeras y una maraña judicial de reclamos.
En un reciente informe, dijo que Argentina podría pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) si suben en exceso las tasas de interés cuando Donald Trump asuma la presidencia de EE. UU.
El FMI, que ha elogiado las reformas de Macri en favor de los mercados, augura para el 2017 un crecimiento de 2,7 por ciento. Pero el Gobierno es más optimista y prevé un alza de 3,5 por ciento en el PIB.
En Argentina, casi ningún sector de la economía se salvó del desplome en el 2016, salvo entidades financieras, exportadores agrícolas y empresas mineras.
La industria arrastra una caída interanual de más de 5 por ciento y la cámara de comerciantes ha denunciado que debieron cerrar sus puertas más de 6.000 negocios.
Según organizaciones de pequeños y medianos empresarios, las quiebras castigaron a más de 2.000 de sus afiliados y los despidos de trabajadores en sectores públicos y privados suman 200.000, de acuerdo con la consultora Cepa.
AFP