El año para el sector salud termina entre grandes faltantes de recursos y los magros resultados de los esfuerzos del ministerio del ramo para conseguirlos.
Si bien la reforma tributaria le concederá dineros adicionales, con cerca de 1,6 billones de pesos provenientes del IVA y 300.000 millones por aumento de los impuestos al tabaco, estos apenas son un paliativo frente a las exigencias de un sistema que a diario gasta más de lo que recauda. De hecho, se calcula que el desequilibrio allí supera los 4 billones de pesos, lo que pone en grave riesgo su estabilidad y el bienestar de la gente.
Es justo resaltar las audaces propuestas del ministro Alejandro Gaviria para buscar nuevas fuentes de ingresos, como la de gravar las bebidas azucaradas, que, no obstante estar soportada en sólidos argumentos de salud pública, no consideró el Congreso, y la de regular los precios de los medicamentos, medida que ya da frutos con ahorros superiores a 1,3 billones de pesos.
Por la misma vía están las orientaciones para ordenar el flujo de recursos entre actores del sistema, representadas en giros directos, priorización de pagos, refinanciación de deudas y créditos blandos para instituciones en riesgo, entre otras acciones, que son importantes pero insuficientes ante situaciones fácticas que reclaman soluciones inmediatas, como las crecientes deudas con los hospitales.
Con todo, hay logros interesantes. Es el caso de la ampliación de la cobertura, que ya bordea la totalidad de la población, y de la ampliación integral de los planes de beneficios, sin distingos entre regímenes, al punto de que, a pesar de la anemia económica, Colombia es la nación con mayor protección financiera para sus habitantes en términos de salud en la región.
No hay que omitir los avances normativos para reorientar el funcionamiento del sistema, ni los mejores resultados en salud de niños y adolescentes, ni la reducción de la mortalidad infantil a 17,2 por cada mil –con lo que se cumplió anticipadamente con los Objetivos del Milenio (ODM)–, ni la disminución de la tasa de embarazo en adolescentes, ni la ampliación del plan de inmunizaciones ni el acertado manejo de las epidemias, ya cerradas, del zika y el chikunguña, además de la expedición de las primeras licencias para la producción de derivados de cannabis con fines medicinales.
Pero este balance anual también deja puntos en rojo, encabezados por la situación de Cafesalud, la mayor EPS del país, que en menos de un año de operación acumula faltantes que superan los 600.000 millones de pesos y con indicadores deplorables en atención a sus afiliados. Y cómo olvidar la crítica situación sanitaria del Chocó y La Guajira; los elevados índices de corrupción y la desarticulación operativa de algunas regiones responsables de la salud pública, y las brechas crecientes en indicadores centinelas de salud entre algunos segmentos de la población.
Los retos son grandes, y más frente a la entrada en plena vigencia –en febrero del 2017– de la ley estatuaria, que impone un nuevo plan de beneficios, y las exigencias crecientes de los afiliados en cuanto a la salud como derecho fundamental.
Sin duda, el próximo año marcará el inicio del tránsito necesario hacia el concepto que hace de la salud una responsabilidad integral del Estado y no de un sistema que ya no puede con su alma.
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