Como pocas instituciones, el Inpec –la entidad encargada de manejar las cárceles y penitenciarías del país– retrata todos y cada uno de los desafíos que hoy enfrenta el Estado colombiano.
Ineficiencia, corrupción, falta de planeación, desidia y, además, una misión difícil y desgastante –como es la privación de la libertad de seres humanos– se unen en una institución que fue concebida hace ya más de 20 años para solucionar la eterna crisis carcelaria nacional, pero que, a secas, no ha cumplido.
Tanto ha sido así que el Inpec compite con el Consejo Superior de la Judicatura en la cantidad de intentos, todos fallidos, para eliminarlos y poner en su lugar organismos que realmente funcionen.
Uno de los inconvenientes insolubles del ente responsable de las cárceles en Colombia es la insólita proliferación de sindicatos de guardianes. De entrada, la sindicalización de un cuerpo armado es problemática. Y esto se agrava cuando muchas de esas organizaciones parecen más pensadas para blindar a sus integrantes de las investigaciones y sanciones disciplinarias que para una legítima intención de lograr garantías laborales.
En el Inpec había 76 sindicatos en el 2015, y hoy son ya 82. Un informe de la Contraloría publicado por este diario muestra hasta dónde el derecho a sindicalizarse puede terminar afectando una función pública esencial, momento en el que dicho derecho se desvirtúa por completo. Y es que, según la investigación, los días de permiso que recibieron los 854 funcionarios con fuero sindical sumaron el año pasado 39.293 días; es decir, 110 años.
El 85 por ciento de aquellos que no trabajaron son guardias. Además del inevitable impacto sobre los turnos de vigilancia y seguridad en cárceles como la de Popayán, Bellavista, Itagüí y Pedregal, la falta de guardianes disponibles impide que muchos detenidos sean remitidos a citas médicas o a diligencias judiciales urgentes; la anterior es una de las razones por las cuales muchos detenidos en su casa pasan largos periodos sin recibir las visitas de control.
Los cálculos del propio instituto hablan de un déficit de personal de casi 13.000 unidades, en un organismo que cuenta con 12.072 guardianes. Y a pesar de ese panorama crítico, hay uniformados que se ausentan de su trabajo hasta 150 días en un solo año como consecuencia de los permisos sindicales. Algo a todas luces inaceptable, incluso vergonzoso.
La compleja situación del sistema penitenciario en Colombia es, como lo ha afirmado reiteradamente la Corte Constitucional, una bomba de tiempo que no da señales de mejoría. Al contrario, cifras como las mencionadas son señales de que la situación del paciente tiende a agravarse. Al fenómeno del hacinamiento carcelario, que hoy ronda el 54 por ciento, se suma el descontrol reinante sobre el personal encargado de custodiar las cárceles y penitenciarías.
El escándalo de la explosión de sindicatos en el Inpec es, de esta manera, una nueva señal para que el Gobierno coja el toro por los cuernos y se decida a tomar soluciones de fondo frente a una institución que, en muchas ocasiones, más que lidiar con los problemas carcelarios termina haciéndolos aún más inmanejables.
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