En una rueda de prensa sin muchos detalles, el Gobierno de Bolivia decidió este martes dar por cerrada la minuciosa investigación que prometió tras el accidente del avión de LaMia, el pasado 28 de noviembre, en La Unión, Antioquia.
Veintidós días después de la tragedia, en la que murieron 71 personas –la mayoría miembros del equipo Chapecoense de Brasil–, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, empezó por señalar como únicos culpables a la aerolínea de su país y al piloto Miguel Quiroga.
Ya está probado que el avión no llevaba el combustible suficiente para cubrir la ruta desde Santa Cruz (Bolivia) hasta Medellín (Colombia). Además, que Quiroga no tenía las horas de vuelo requeridas y que tenía orden de arresto por abandonar la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
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¿Por qué entonces estaba volando?
El Gobierno boliviano pasó por encima de ese interrogante en su indagación administrativa. Lo único que advirtió es que ya tomó acciones contra funcionarios públicos que omitieron controles aéreos.
Una de las indagadas es Celia Castedo Monasterio, la inspectora de vuelos boliviana que alertó sobre la escasez de combustible del avión de Lamia. Antes de que fuera indagada, la mujer pidió refugio en Brasil.
El Gobierno también indaga a autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como César Varela, y de Aasana, Tito Gandarillas, suspendidos de sus cargos tras el accidente.
Para menguar las dudas sobre la investigación exprés y evitar que fuera sancionada internacionalmente, Bolivia anunció que asumió controles de vigilancia en el sistema aeronáutico para evitar accidentes.
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Además, dijo que se instruyó a la DGAC para que implementara el Sistema General Aeronáutico. El Gobierno de La Paz, según informaron varios medios locales, reiteró que “Bolivia no tiene ningún riesgo de descertificación”.
Los vacíos
Uno de los interrogantes vigentes en este caso es del paradero del prófugo Marcos Rocha, socio y piloto de Lamia.
Informaciones lo ubicaban en Colombia. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que si bien registra dos ingresos recientes, fueron antes del accidente.
Uno de ellos fue el 19 de octubre, cuando el equipo Junior de Barranquilla recibió al Chapecoense; el otro, el primero de noviembre, cuando el conjunto Cerro Porteño, de Paraguay, jugó en Medellín.
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Periodistas de este diario, junto con otros de América Latina, articulados por la plataforma periodística Connectas, también establecieron que el dueño de la aeronave, Ricardo Albacete, cobraba 35.000 dólares por alquilarla; que el proceso de certificación de Lamia duró apenas nueve meses y que otras dos aeronaves, que están en la ciudad de Cochabamba, tienen matrícula temporal solo hasta febrero del 2017. Por eso no las operaban.
Esta información está en manos de las fiscalías de Bolivia, Brasil y Colombia, en donde el caso sigue abierto en busca de responsables.
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