Por ser tesorero de la Asociación Sindical de Empleados del Inpec (Aseinpec) en Montería y por figurar simultáneamente en otro sindicato, conocido como Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), un funcionario con fuero recibió el año pasado 100 días de permiso. Por ese tiempo en el que no trabajó, el Inpec le pagó $ 4,2 millones.
Y en Bogotá, un funcionario que aparecía en el 2015 como vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Servicios Penitenciarios, y que además estaba inscrito como fiscal en Sitecol, otro sindicato de la cárcel La Picota, logró 151 días de permiso. Aunque dejó de trabajar casi medio año, obtuvo pagos por 4,9 millones de pesos de parte del Inpec.
Y el presidente de Aseinpec en Montería, que además es el suplente de Sintrapecun y presidente de la UTP, ambos en esa ciudad, obtuvo 115 días de permiso y un pago de 5,3 millones de pesos.
Por permisos como estos, sin ningún tipo de control, la Contraloría General acaba de hacerle un duro regaño al Inpec. En una auditoría encontró que si se suman todos los permisos que el instituto les otorgó a los empleados sindicalizados el año pasado, sus ausencias del trabajo sumarían 110 años.
Los integrantes de los 76 sindicatos del Inpec lograron que esta entidad les diera en el 2015 un total de 39.293 días, que supuestamente necesitaban para dedicarse a actividades a fin de defender sus derechos laborales. En total son 854 los funcionarios con fuero sindical.
Esos permisos que le costaron al erario 1.507 millones de pesos, según la Contraloría, no solo vulneran el principio de asociación –pues se encontraron casos de funcionarios inscritos en dos o más sindicatos–, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las cárceles.
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Por eso, más que el detrimento patrimonial, pues algunos guardias sindicalizados tienen sueldos pequeños en los que el mínimo comienza en los $ 1,2 millones, el verdadero daño está en la administración de los centros penitenciarios.
El Inpec hoy tiene 12.072 guardianes, pero en los informes que le ha enviado al Ministerio de Hacienda para pedir más presupuesto asegura que necesita por lo menos de 13.000 guardias más. A pesar de ese déficit, los permisos no paran. Precisamente, la investigación detectó que de los funcionarios que faltaron a su trabajo el año pasado, el 86 por ciento eran de vigilancia de las cárceles.
Los traslados de presos a audiencias o citas médicas se han visto afectados por el déficit en la guardia. En la cárcel de Popayán, por ejemplo, hay 120 internos que requieren de 10 a 20 sesiones de terapias al año y que han tenido inconvenientes para ser enviados a sus citas médicas.
En esa cárcel, dice la Contraloría, “hay que dejar algunas garitas y puestos sin servicio de vigilancia debido a que se debe disponer de dos guardias para cada interno hospitalizado fuera del establecimiento”.
Y en visitas realizadas a las cárceles de Bellavista, Itagüí y Pedregal, los auditores encontraron que “en algunos pabellones se cuenta con un solo guardia para la vigilancia, lo que agrava la alta litigiosidad en dichos establecimientos”.
El órgano de control fiscal afirma que el Inpec debe tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que, al conceder los permisos, se revise si son proporcionales, necesarios y razonables.
De hecho, el alto tribunal recuerda que los empleadores pueden negar permisos siempre y cuando sean justificados, “pues su abuso mengua la importancia de estos y mina, en sí mismo, la eficacia y preponderancia del accionar sindical”.
La Contraloría asegura que pese a esas inconsistencias no se evidencia que el Inpec “haya realizado gestión alguna, ni haya compulsado copias a las autoridades competentes, ni haya iniciado las acciones para obtener la calificación por el juez de trabajo”.
Sindicatos sin control
Con solo 25 empleados, se puede conformar un sindicato en el Inpec. Así, sin mayores controles, han venido en aumento las asociaciones en esa institución, que han protagonizado, entre otras cosas, paros en los últimos años. Mientras en el 2015 la Contraloría reportaba 76 sindicatos, este año van 82.
Nelson Barrera, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, que agrupa a 2.000 empleados, dice que “hay un abuso de ese derecho, pero no es de todos los sindicatos”. Afirma que de los 76 sindicatos, 65 serían de papel. “He presentado más de 67 quejas al Inpec, al Minjusticia y al Mintrabajo contra esos sindicatos que no tienen fundamento legal para existir”, dijo.
Incapacidades de hasta 9 años
La auditoría detectó en total 33 irregularidades en la gestión del Inpec en el 2015.
Además de los excesos en permisos sindicales, la entidad también está pagando incapacidades superiores a los 180 días, que es lo que permite la ley. Por ejemplo, un dragoneante de una cárcel de Popayán está incapacitado desde el 12 de octubre del 2007. A la fecha, sigue incluido en la nómina, devengando un sueldo de 2,1 millones de pesos mensuales.
En estos casos, las normas dicen que si bien los empleados pueden seguir vinculados a la entidad, no pueden seguir recibiendo salario ni prestaciones sociales. El Inpec aseguró en un oficio, que le envió a la Contraloría el 11 de noviembre pasado, que los funcionarios con incapacidades de más de 180 días son 38.
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