“La Sección Quinta del Consejo de Estado estableció que el hecho de que ganara el ‘No’ en el plebiscito fue el producto de la violencia por engaño a que fueron sometidos los colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaña”.
Esa es una de las primeras conclusiones a las que llegó la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez al admitir una demanda contra el resultado del plebiscito para la paz del 2 de octubre.
Aunque todavía no hay una decisión de fondo, la consejera de Estado –que estudia la demanda presentada por los abogados William Calvachi y David Narváez– señaló que “la información que se suministró al electorado en la fase definitiva de campaña reflejó una total tergiversación, en muchos de sus aspectos neurálgicos, del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre del 2016, el cual fue determinante para la obtención del resultado en dicha contienda electoral”.
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El enfoque de género, la eliminación de los subsidios, las afectaciones al régimen pensional, impunidad, desprotección para las víctimas del conflicto y cambios en el modelo económico colombiano habrían sido algunos de los temas sobre los que se difundió información engañosa, afirmó la magistrada Bermúdez en su decisión.
La Sala le dio valor probatorio a la entrevista que el gerente de la campaña del ‘No’ Juan Carlos Vélez Uribe le dio al diario La República, en la que admitió la divulgación de mensajes sobre el acuerdo de paz, alejados de la realidad. En el auto, se decretaron, además, medidas cautelares de urgencia que consisten en ordenarle al Congreso avanzar en la implementación expedita de los acuerdos, “incluso realizando sesiones extraordinarias para ese fin”.
Así mismo, le pidió a la Corte Constitucional acelerar el proceso de estudio de las demandas que cursan en ese Tribunal contra el acto legislativo por la paz, en particular sobre el artículo 5, que se refiere al condicionamiento de la entrada en vigor del fast track a partir de la refrendación popular.
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