“Para muchas personas los inquilinatos se han convertido en un estilo de vida y quisieran vivir ahí durante mucho tiempo”, dice Humberto Iglesias, director general del Instituto Social de Vivienda y Habitat de Medellín (Isvimed).
Desde los años 80 se estudiaba la modalidad habitacional de inquilinatos, y desde el 2006 se trabajaba en una política para regularlos. Este mes el Concejo de la ciudad aprobó una política pública que permitirá planificar y ejecutar programas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan este tipo de viviendas.
Al menos 28.000 personas han optado por este modo de vivienda presente concentrado principalmente en La Candelaria, Aranjuez, Castilla y Buenos Aires, según el Isvimed.
Sin embargo, estas cifras pueden estar equivocadas ya que la medición sobre la cantidad de inquilinatos está actualizada solo hasta el 2010, dice Françoise Coupé, investigadora de la Escuela de Hábitat –Cehap– de la Universidad Nacional.
“Había mediciones muy interesantes que hacía el Dane en sus encuestas de Sisbén, pero desde el año 2010 esas preguntas fueron eliminadas de los cuestionarios, por lo tanto no hay una información exacta”, comentó la investigadora.
Para ese año, un estudio contratado por el Isvimed reveló que en la ciudad existían 1.877 inquilinatos con un promedio de siete cuartos por vivienda.
De acuerdo con Iglesias, muchos de los inquilinatos permiten que las personas vivan en condiciones precarias. Además muchos carecen de condiciones de habitabilidad como ventilación y luz natural en cada habitación, un número mínimo de baños por persona, lugares de esparcimiento y en donde lavar la ropa; además de que viven muchas personas en cuartos pequeños, comentó Coupé.
La investigadora dice además que entre las razones para optar por este tipo de vivienda, que se paga diaria, semanal, o mensualmente, están la violencia y el desplazamiento hacia las ciudades, al igual que cambios en el núcleo familiar tradicional: la gente vive más segregada y sola.
Política para regular
A partir del año entrante, Isvimed empezará a trabajar en la regulación de la política, acompañado de las secretarías de Inclusión Social, Salud, Gobierno y Derechos Humanos.
En el 2018 se comenzará con la gestión y control de los inquilinatos. Se contemplan visitas para verificar las condiciones bajo las que funcionan estos complejos habitacionales.
“Si vemos que un inquilinato no está cumpliendo con las normas, se tendrá que sancionar, y si no cumple con las sanciones, se llegará a un cierre ”, dijo el director del Isvimed.
Sin embargo esto no es tan sencillo. Cerrar los inquilinatos significaría dejar sin vivienda a las personas que habitan estos lugares, por eso también se está trabajando, a través de alianzas público-privadas, en generar nueva oferta de inquilinatos que permitan a las personas condiciones de vida dignas.
De acuerdo con Coupé, también es necesario aproximarse a los habitantes y administradores de los inquilinatos, y “trabajar con ellos en una profunda transformación de las condiciones de vida, porque esas siempre estarán mientras tengamos problemas familiares, desplazamiento e informalidad en la ciudad”, concluyó.
MEDELLÍN