Por más que suene a lugar común, es indudable que la semana que comienza es crucial para la reforma tributaria, a la cual todavía le faltan sendos debates en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, además de sus respectivas votaciones. El calendario se acaba, y más allá de la convocatoria a sesiones extras por parte del Gobierno, el margen de maniobra es realmente limitado, pues hay que dejar espacio para la conciliación, que ocurriría después de la Navidad.
Como es conocido, el texto radicado por el Gobierno a mediados de octubre recibió no pocas modificaciones tras el examen de los congresistas ponentes. En más de un caso se atendieron las solicitudes y reclamos de múltiples sectores, desde los productores de bebidas azucaradas hasta los constructores de vivienda de interés social. A su vez, los parlamentarios se negaron de plano a ampliar la base de contribuyentes obligados a presentar declaración de renta, así como a revisar tarifas.
Esa circunstancia derivó en que parte del propósito original del proyecto, que buscaba redistribuir las cargas entre personas naturales y jurídicas, se vea disminuido. Los técnicos han señalado que los impuestos que pagan las sociedades en Colombia superan con creces el promedio de la Ocde y de nuestros pares en América Latina. Si bien a partir del 2019 vendría un alivio, este es menor que el inicialmente formulado, aparte de que en los próximos dos años operaría una inconveniente sobretasa que afectará nuestra competitividad a la hora de atraer inversiones.
Elementos como ese ameritan una revisión, pese a la premura del tiempo. Senadores y representantes deberían hacer lo que esté a su alcance para que el articulado definitivo no se parezca a la colcha de retazos de siempre, pues lo que está en juego es la senda de crecimiento futuro del país, en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas.
Que la reforma tributaria es esencial para que la economía supere los vientos en contra que la frenan es algo en lo que están de acuerdo los especialistas. Hundir la iniciativa ocasionaría trastornos indeseables, comenzando por un alza en el costo de endeudarse en el exterior, algo que afectaría no solo a la Tesorería de la Nación, sino al sector privado.
Por lo tanto, el reto de estos días no consiste en eludir la responsabilidad de sacar una buena ley, sino que el deber del Congreso consiste en adoptar disposiciones que eliminen privilegios y le cierren el espacio a la evasión. Solo así será posible digerir una medicina que es indispensable, así no sea agradable.
Ese es el caso del aumento de tres puntos porcentuales en el nivel del IVA, que llegaría al 19 por ciento. Es obvio que la gente rechace la idea, pero la ciudadanía sería la principal afectada si los recursos para salud y educación se ven disminuidos o si la inversión pública vuelve a desplomarse.
En conclusión, el Congreso está obligado a estudiar el paquete impositivo con seriedad y celeridad, sin asomo de mezquindades o intereses personales. Aun si para algunos el proyecto no es el ideal, constituye un paso en la dirección correcta, pues no solo mejoraría las normas existentes sino que comprobaría que el país mantiene su casa en orden, incluso en medio de un entorno difícil.
EDITORIAL