El Parque Nacional Natural Gorgona será impactado negativamente en caso de que se lleve a cabo la iniciativa del Gobierno Nacional de construir una estación de guardacostas en la isla. Así lo afirma el Comité de Parques de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en comunicación que dirigió al presidente Juan Manuel Santos.
No es extraño que ello esté ocurriendo, pues el Gobierno Nacional padece de una especie de esquizofrenia sobre los parques nacionales naturales: son la única luz de su política ambiental –que, en balance, sigue cayendo en picada–, pero al mismo tiempo los mantiene con anemia presupuestal, lo que acaba convirtiendo a muchos parques en tierra de nadie. Además, con frecuencia, el Gobierno mismo ataca en forma grave la integridad de los parques como resultado de unas políticas de desarrollo sin mayor miramiento por la protección ambiental.
El presidente Santos se enorgullece, no sin razón, de que su gobierno sea uno de los que han declarado más kilómetros cuadrados de áreas protegidas en la historia del país. Pero, al mismo tiempo, ha autorizado proyectos de desarrollo que atentan contra su conservación, como se evidencia con las licencias ambientales para la construcción de hoteles en el parque Tayrona, o la exploración petrolera en las vecindades de Caño Cristales, en el parque de La Macarena, dos iniciativas que fueron derogadas por el presidente Santos mismo ante las avalanchas de tuits que se lo exigieron. A su vez, el Gobierno Nacional es el principal responsable del dramático deterioro de los dos parques existentes en la Ciénaga Grande de Santa Marta, como lo argüí en pasadas columnas. En palabras políticamente correctas, la actual política de parques está llena de luces y sombras.
Esta vez le llegó la hora de la agresión gubernamental a Gorgona, esta joya del sistema de parques nacionales y de la conservación de islas en el mundo. En sus 61.687,5 hectáreas –1.383 terrestres, 97,6 por ciento marinas– cuenta con una alta biodiversidad. Contiene uno de los arrecifes coralinos más desarrollados del Pacífico oriental tropical y los más extensos del Pacífico colombiano y posee, entre muchas otras, 381 especies de peces, 155 de aves y 430 tipos de plantas con flores, de las cuales el 4 por ciento son endémicas. Estos valores ecológicos, conjugados con su belleza paisajística, hacen de Gorgona uno de los lugares del país con mayor potencial para el ecoturismo.
Según la Academia de Ciencias, en su carta al Presidente: “La ejecución de las obras planteadas contradice las actividades permitidas en los parques naturales nacionales y atenta contra su integridad ecológica, pues implica la construcción de un muelle de 163 m de longitud, edificios para el alojamiento de los oficiales e infantes y la construcción de un radar con una torre de 55 m de altura y dos carreteables. Consideramos que la realización de estas obras y su posterior operación ejercen muy severos impactos ambientales a estos ecosistema únicos”.
La Armada Nacional ha afirmado que la estación es necesaria para combatir las rutas del narcotráfico y que el daño ambiental será prácticamente inexistente. Sobre el primer argumento existen muchos interrogantes, dada la cercanía de la isla a Guapi. El segundo argumento lo derrota la licencia ambiental misma (concedida el 31 de diciembre del 2015, un día inusual), pues esta contiene una sección sobre las acciones que la Armada deberá realizar para compensar las pérdidas en biodiversidad como resultado de la construcción y la operación de la estación. En otras palabras, en la licencia se reconoce el daño, una situación del todo inaceptable.
Esperemos que el presidente Santos se deje guiar más por sus fogonazos en pro de los parques y por las buenas razones que tiene la Academia de Ciencias para defender a Gorgona, y menos por su lealtad de cuerpo como el más ilustre excadete de la Armada Nacional.
MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA
