Pocos días faltan para que el Congreso apruebe la reforma tributaria, la tercera en seis años, que si bien es necesaria en términos de recaudo, no por ello puede ni debe hacerse a la ligera y mucho menos sin tener en cuenta su integralidad.
Colombia necesita con urgencia una reforma estructural que cambie la composición misma del sistema tributario, en aras de introducirle mayor simplicidad, equidad, progresividad y eficiencia económica para poder avanzar en materia de inversión, empleo, crecimiento y competitividad. De hecho, este es el sentido de la propuesta que quedó plasmada en el Informe Final de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, presentado en diciembre del 2015, y que fue acogida en parte por el Gobierno en el proyecto de reforma que presentó al Congreso en octubre pasado.
El proyecto del Gobierno, sin embargo, fue modificado, y el que se discute actualmente en el Congreso se basa en la ponencia presentada la semana pasada, que aunque mantiene varios aspectos del proyecto original del Gobierno y de las recomendaciones de la Comisión, se aleja de los mismos, especialmente en lo que tiene que ver con la competitividad de las empresas y la eficiencia económica.
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Contrario a la tendencia mundial, en la que la mayor contribución del impuesto de renta se concentra en las personas naturales, en Colombia esta recae mayoritariamente sobre las empresas y, en particular, sobre 3.440, que terminan pagando el 68 por ciento del recaudo de este impuesto, y el 21 por ciento del recaudo total anual. Por supuesto, un sistema que depende de pocos contribuyentes necesariamente tiene que gravarlos con tasas altas, y esto explica la elevada tasa de renta –incluyendo el Cree y su sobretasa– que pagan las sociedades, la cual asciende hoy a 40 por ciento y, sin la nueva reforma, llegaría a 43 por ciento en el 2018.
Claramente, esta estructura tributaria es insostenible y tiene que ajustarse de modo tal que las cargas queden mejor repartidas entre los distintos tipos de impuestos y de contribuyentes. Esto es, esencialmente, entre personas jurídicas y naturales para los impuestos directos e IVA y consumo para los impuestos indirectos.
Y, precisamente, es lo que en principio pretendía el proyecto original del Gobierno, aunque con algunas limitaciones, al proponer la ampliación de la base de tributación de las personas naturales, el aumento del IVA, la imposición de nuevos tributos y la reducción de algunas exenciones. El proyecto que cursa actualmente es un poco menos ambicioso y deja menos espacio para reducir las tasas de las empresas, lo que impide mejorar la competitividad de las mismas. No obstante, va en la dirección correcta en la medida en que elimina el impuesto a la riqueza, incrementa el IVA en tres puntos, un punto de los cuales tiene destinación específica, y permite deducir el IVA de los bienes de capital.
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Competitividad empresarial
Siguiendo la tendencia mundial, en el sentido de reducir la tributación de las empresas, mejorar la competitividad e incentivar la inversión, el proyecto de ley que cursa en el Congreso propone reducir la tasa de renta de las empresas a 34 por ciento en el 2017 y a 33 por ciento del 2018 en adelante. Plantea además, y ahí es donde las cosas dejan de cuadrar, la creación de una sobretasa de 6 y 4 por ciento, para los años 2017 y 2018, respectivamente con lo cual, la tarifa total de renta de las empresas se elevaría a 40 por ciento y 37 por ciento en estos años, respectivamente. Adicionalmente, propone, gravar con una tarifa marginal entre el 5 y 10 por ciento los dividendos recibidos por las personas naturales a partir de ingresos superiores a 600 Unidades de Valor Tributario (UVT).
Si bien estos dos impuestos –renta y dividendos– son diferentes en naturaleza, pues uno se cobra a personas jurídicas y el otro a personas naturales, la suma de los dos es una variable importante para las decisiones que toman inversionistas por cada peso que ponen en la economía. Por lo tanto, de aprobarse lo propuesto en la ponencia, la tarifa combinada de renta, sobretasa y dividendos durante los próximos dos años sería de 46 y 44 por ciento, respectivamente, superior a la que hoy existe y en contravía, al menos en el corto plazo, del propósito de avanzar en materia de inversión y competitividad.
Colombia necesita inversión para transformar su aparato productivo, crecer y generar empleo. En este sentido, es preciso encontrar la forma en esta reforma tributaria de mejorar de manera inmediata la competitividad de las empresas, reduciendo efectivamente la tasa de renta de estas. No hay que olvidar que la competitividad de las tasas de tributación a nivel internacional se mide comparando las tasas efectivas, algo en lo que a Colombia no le va bien. De hecho, cuando a la tasa combinada –renta y dividendos– se le suma el resto de impuestos que deben pagar las empresas y que no pueden descontar, como son 4 x 1000 (descontable en 50 por ciento), ICA, IVA a bienes de capital, la tasa efectiva se eleva considerablemente. Según el último informe del ‘Doing Business’, después de Argentina y Bolivia, las sociedades en Colombia tienen la tasa efectiva de tributación más elevada de América Latina, 69,8 por ciento frente al 52,1 por ciento del promedio de la región.
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Personas naturales
De otro lado, el resto de propuestas que trae el proyecto de reforma son buenas y merecen ser apoyadas. La eliminación del Imán y el Imás en la tributación de las personas naturales es más que bienvenida, ya que no solo vuelve el proceso más sencillo y amigable, sino que mejora además la progresividad y la equidad de este impuesto.
IVA y otros impuestos
El aumento de tres puntos del IVA es acertado en términos de recaudo, sobretodo si se tiene en cuenta que con niveles de informalidad como los que tiene Colombia, la única forma de hacer que todos paguen es mediante los impuestos indirectos. Ahora bien, dado que la propuesta podría afectar a las familias de bajos ingresos, es necesario destinar parte del recaudo adicional a programas sociales. En este sentido, es muy conveniente la propuesta de la ponencia de introducir la destinación específica de un punto del IVA a mejorar la calidad del sistema de salud y a financiar la educación.
Colombia es uno de los pocos países en el mundo que no permite el descuento total del IVA sobre los bienes de capital, lo que restringe el proceso de sofisticación y diversificación del aparato productivo y pone en desventaja a las sociedades colombianas frente a sus pares extranjeros. El proyecto de ley propone deducir de la base gravable el impuesto pagado por IVA en la compra o importación de bienes de capital, lo cual a pesar de no ser lo óptimo en materia de competitividad, es mejor de lo que se tiene actualmente.
Positivo también del proyecto de reforma es la introducción del monotributo, mediante el cual se incentiva la formalización de pequeños negocios en manos de personas naturales. Quienes se acojan al mismo, ya que es voluntario, tendrían además acceso a seguridad social y a cobertura de riesgos profesionales.
El ausente: la Dian
Por último, en lo que el proyecto también se queda corto es en el mejoramiento de la administración tributaria. No hay duda, que la Dian es la empresa más importante del país y como tal debería contar con los mejores recursos tanto en términos de personal como de tecnología para poder realizar su gestión de manera adecuada. La evasión en Colombia es extremadamente alta, entre 40 y 45 billones de pesos, y cualquier avance en este frente es más que bienvenido.
Es sin duda la mejor forma de mejorar el recaudo del país.
El mensaje empresarial
La reforma tributaria que se propone en la ponencia contiene avances importantes frente a lo que se tiene hoy. Sin embargo, es imprescindible que tanto el Gobierno como el Congreso encuentren la forma de reducir de manera inmediata la tributación de las empresas para incentivar la inversión, el crecimiento, el empleo y, por ende, el bienestar de la población. Imponer una sobretasa, supuestamente temporal, y posponer dos años la reducción de las tasas es inconveniente. No solo porque la inversión se requiere ya, sino porque con esto se estaría mandando un pésimo mensaje a la comunidad empresarial. La experiencia que se tiene de las reformas pasadas es contundente. Una vez que se establece un impuesto temporal, este se queda para siempre. La reforma es la oportunidad para generar las condiciones que permitan a Colombia no solo retener la inversión que ya se tiene, sino también para atraer nueva inversión tanto nacional como extranjera.
ROSARIO CÓRDOBA GARCÉS
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad