En una pequeña casa de Corozal (Sucre) funciona la clínica Nuevos Amaneceres, entidad que a pesar de que lleva pocos años en servicio, ya ha atendido a cientos de supuestos pacientes con enfermedades mentales.
En el último año, esta IPS recibió pagos por 2.155 millones de pesos por 212 facturas del 2013, 2014 y 2015 que corresponden a enfermos psiquiátricos que, según la Contraloría, en realidad no existen. No solo los enfermos que reportan son ‘fantasmas’, sino que el psiquiatra que aparecía firmando todas las órdenes de tratamiento, un médico bogotano identificado como Gustavo Adolfo Zambrano, denunció que esta entidad cobraba con documentos que tienen su firma y tarjeta profesional adulteradas.
El galeno dijo que solo fue una vez a la casa de Nuevos Amaneceres, cuando le ofrecieron un supuesto contrato de 4 millones de pesos mensuales para atender pacientes con drogodependencia, pero ese trabajo nunca se concretó.
Esta clínica, representada por Ernesto Bladimir González Ospino, aunque dice especializarse en la atención de pacientes drogadictos, aparece en el 2014 firmando un contrato con la alcaldía de Sincelejo por 25 millones para el “suministro y adecuación eléctrica del coliseo donde se realizan los escrutinios” en las elecciones presidenciales de ese año. Y en el mismo periodo también le figura otro contrato para el suministro de “elementos de papelería y equipos de oficina” por $ 33 millones.
Los dueños de esta clínica no son los únicos beneficiados con pagos por pacientes que serían falsos. La Fundación Libertad y Fe, la Fundación Nuevo Ser, clínica Los Manantiales, clínica Santa Isabel y Fundación Sembrando
Esperanzas son otras de las IPS investigadas por la Contraloría. En el último año le cobraron a Sucre 3.173 millones de pesos, recursos que debían destinarse para la población más pobre.
La Fundación Libertad y Fe recibió más de $ 71 millones, pero el jefe de auditoría de la Gobernación de Sucre aseguró en la investigación que la firma con la que se autoriza la prestación del servicio no es suya. Lo mismo ocurrió con la Fundación Nuevo Ser, que nació en el 2011 con un capital de $ 70 millones, y que logró pagos en el 2015 por más de $ 732 millones.
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Mientras esos recursos llegaban a esa IPS, el año pasado sus empleados iniciaron procesos judiciales porque les debían al menos 10 meses de salario.
Dentro del dinero que recibió esa fundación, hay facturas por 32 millones de pesos por tratamientos que un médico cirujano especialista de Sucre dice que no ordenó, pues son del 2013 y él trabajó para esa entidad hasta el 2012.
Y la Fundación Sembrando Esperanza, que ha recibido pagos por 66 millones, tiene como representante legal a Zoiris del Carmen Ruiz Puche, quien también aparece en otros documentos como representante de empresas que se han quedado con negocios de alimentación escolar en la costa.
La Contraloría detectó estas irregularidades en todas las IPS porque al verificar las facturas y las órdenes médicas, los tratamientos que se ordenaban a los supuestos pacientes, sin importar el sexo, edad y condición, eran los mismos.
Además, los supuestos pacientes eran atendidos siempre el mismo día. (Lea también: 'Cartel' de la hemofilia desangró en $ 50.000 millones a la salud)
Este hecho llevó a que el contralor General, Edgardo Maya, quien el viernes afirmó que “mafias se están quedando con recursos de la salud”, le enviara un oficio al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para que “se tomen con carácter urgente las medidas pertinentes, con el fin de proteger el recurso público”, pues las 6 IPS tienen pagos pendientes por 10.000 millones.
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