En Colombia, el número de interrupciones al año en el servicio de energía eléctrica por usuario es de 47, uno de los más altos con respecto a otros países. Este indicador demuestra, según el Gobierno, la necesidad de ajustar la regulación para determinar la remuneración de los 22 agentes de distribución que hay en el país.
Mientras la semana pasada agentes del sector alertaban por un cambio en las condiciones de juego de la metodología, que incluiría un componente de retroactividad, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) refuta esa tesis, con cifras en la mano, y recalca que mientras en los últimos años la demanda de energía ha tenido un aumento constante, las inversiones en la infraestructura no han crecido a ese nivel, lo que ha llevado a que los indicadores de calidad estén deteriorados, y los de pérdidas de energía, disparados.
Con base en las estadísticas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), el director de la Creg, Germán Castro Ferreira, asegura que la calidad del servicio se ha deteriorado de 1998 al 2015 en una forma alarmante, a tal punto que hoy, en un universo de 12 millones de usuarios, hay por lo menos 2 millones de usuarios que tienen más de un corte diario y de más de una hora de duración.
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Según las cifras de la Superservicios, en todo el país los hogares pasaron a tener 20 horas de cortes al año en promedio en el 2011 a 35 horas en el 2015, lo que significó un aumento del 75 por ciento en cuatro años, mientras que el número de interrupciones fue de 47 el año pasado, de 45 en el 2014, 43 en el 2012 y 29 en el 2011.
El funcionario agrega que mientras se ha visto un aumento importante en la demanda de energía, que ha crecido en un promedio cercano al 3,6 por ciento anual, las inversiones se han hecho a un ritmo del 1 por ciento anual sobre el valor de los activos, y no alcanzan al billón de pesos al año.
“Es absolutamente generalizado en el sector, y con los análisis de la Superintendencia, posiblemente, a excepción de uno o dos agentes, ninguno hace una inversión del 1,5 por ciento anual”, indicó.
Según las estadísticas, el porcentaje de reposición promedio de infraestructura pasó del 2,1 por ciento en el 2009 a 0,7 por ciento en el 2010, en el 2011 fue de 0,6 por ciento y en el 2012 llegó al 0,7 por ciento.
Energía perdida
Asimismo, la nueva metodología de remuneración de las inversiones en el mercado de distribución apunta a reducir los niveles de pérdida de energía, que están también en niveles históricamente altos.
Según la regulación que está rigiendo, actualmente a las empresas se les reconoce un nivel de pérdidas de energía del 9,5 por ciento en el nivel 1 de tensión, es decir, en los hogares, pero en promedio el sector tiene pérdidas del 17 por ciento, y en el caso de la intervenida Electricaribe, esa cifra alcanza a llegar al 22 por ciento.
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Este nivel de pérdidas del 17 por ciento equivale a tener media hidroeléctrica del Guavio trabajando todo el día, según el director de la Creg, quien señala que no sería responsable sacar una subasta para asignar nueva generación de energía, sino que la ley pide bajar las pérdidas de energía para no cobrarles más a los usuarios.
Por ello, con el cambio en la metodología, que debería quedar en firme al inicio del 2017, pasando un esquema de valor de reposición a nuevo (VNR) a uno de valor depreciado, vendrá una mano dura para reducir las pérdidas, indica Germán Castro.
Y es que el bajo nivel de inversión se nota tanto en la calidad como en las pérdidas de energía, ya que los cables y circuitos se recalientan, pues de noche, con una cámara infrarroja, se pueden ver esas redes como si tuvieran sarampión.
“Carro viejo pide plata y por eso suben los costos de administración, operación y mantenimiento”, indica Castro, quien explica que las inversiones para cambiar un transformador o una subestación se remuneran con el WAC (rentabilidad), que para el próximo periodo regulatorio será del orden del 12,8 por ciento, menor al 13,9 por ciento actual.
Por ello, la nueva metodología pasa por establecer dos señales de calidad mínima, pues hoy las empresas no están obligadas a tener un plan de inversión.
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Por ello, la nueva regulación obligará a unos niveles de inversión anual, porque de lo contrario se le bajará el ingreso al operador de la red.
Se calcula que si los agentes hacen una inversión del 4 por ciento anual, conservan los ingresos actuales, pero el atraso que hay en la infraestructura no se recuperará en 6 o 7 años, ni la calidad tan deteriorada se recupera en 15 años, agrega el director de la Creg.
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