En esta época es usual realizar predicciones acerca del futuro del país en el nuevo año que pronto iniciará. A nivel jurídico, existe una realidad que salta a la vista y sobre la cual pareciera que los colombianos no hemos reparado con suficiente atención. En 2017, la institucionalidad del Estado colombiano enfrentará una de sus pruebas más duras. Por primera vez, desde la creación de la Corte Constitucional en 1991, bajo un mismo Gobierno se van a haber escogido los nueve magistrados que la integran.
De estos, cuatro fueron elegidos durante la Presidencia de Juan Manuel Santos: Guerrero (2012), Rojas (2013), Ortiz (2014) y Linares (2015). El próximo año, cumplen su periodo los cinco restantes (Calle, Vargas, Pretelt, Mendoza y Palacio), y aunque solo dos de ellos serán escogidos de ternas propuestas por la Presidencia de la República -ya que dos ternas las propone la Corte Suprema y una el Consejo de Estado- lo cierto es que la elección la hace el Senado en el que se ha demostrado que el ejecutivo ejerce una influencia directa a través de la bancada oficialista de la denominada Unidad Nacional.
Con la anterior alerta no se busca afirmar que la nueva Corte Constitucional que se integre en 2017 va a ser una Corporación que carezca de legitimidad por su conformación, lo que se pretende es llamar la atención para que, ante una realidad inevitable, el Gobierno, el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el Senado incrementen los cuidados para evitar que con la entrada de los nuevos magistrados se genere algún sesgo de posición política, ideológica o de cualquier otra índole en uno de los pilares del poder judicial.
La Corte Constitucional no debe ser otra cosa que un Tribunal Judicial que plantea soluciones en derecho a problemas, que, si bien tiene un gran impacto político y social, tiene una exclusiva naturaleza jurídica. De ahí, que aprovechar un entorno político favorable al oficialismo para cooptar la Corte, sería acabar con uno de los elementos centrales de la separación de poderes sobre la cual reposa nuestra democracia.
Si el Gobierno, que esperemos ni siquiera llegue a pretenderlo, lograra establecer un Tribunal Constitucional afín a sus intereses, se corrompería el sistema de pesos y contra-pesos entre los poderes, en el marco del cual, el control ejercido por parte del poder judicial se hace más relevante ante la realidad política vivida hoy en Colombia, en donde el ejecutivo tiene mayorías en el Congreso. Cuando dos de los tres poderes comparten una misma plataforma programática, el control que debe realizar el tercer poder se vuelve más relevante que antes y su independencia, aunque siempre importante, en ese escenario se convierte en un imperativo de la democracia, sin el cual, se gesta el ambiente propicio para que se presenten abusos de poder.
Para evitar profundizar el desequilibrio de poderes imperante en nuestro país, resulta indispensable que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente, como nominadores, y el Senado como elector, ejerzan un prudente auto-control en la selección que hagan de los próximos magistrados de la Corte Constitucional, previniendo así una ideologización de la justicia que produzca, ahí sí, su deslegitimación, menoscabando la institucionalidad del Estado.
CARLOS ENRIQUE ARÉVALO
PROFESOR DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE LA SABANA