El 2017 será para Colombia el año más decisivo del último medio siglo.
Desde cuando tronaba la Violencia y se cocinaba el Frente Nacional, el país no había estado ante desafíos –y oportunidades– del calibre actual.
Es paradójico, pero después de un acuerdo que puso fin a una guerra de 50 años y un Nobel, la paz está de capa caída.
Amigos y opositores han enarbolado con tan retórica sistematicidad esa palabra que su verdadero significado se ha desdibujado. A 22 millones de personas no logró ni siquiera conmoverlas para votar en un plebiscito. Ni que un colombiano se gane el premio más importante del mundo despierta entusiasmo general.
Pero el cansancio con la paz no debe velar lo principal: el potencial transformador de lo que se pactó entre el Gobierno y las Farc es colosal. Otra Colombia puede emerger de una implementación exitosa de lo acordado.
El 2017 puede ser el año en que las Farc desaparezcan como organización armada. Van a inyectar una refrescante dosis en la petrificada y elitista política nacional, como lo insinúa la designación de sus seis voceros ciudadanos en el Congreso. Los partidarios del ‘No’ harán del debate sobre si los antiguos jefes guerrilleros deben estar con piyamas de rayas y no con curules y de si hubo o no ‘conejo’ temas centrales de su campaña electoral. Pero sin Farc armadas y con una implementación medianamente exitosa de lo acordado, el tablero electoral puede sufrir cambios inesperados.
Lamentablemente (y hábilmente), el debate en torno a los acuerdos se ha centrado en las Farc. Pero lo esencial es otra cosa. Lo acordado puede cambiar tres áreas vitales: el campo, la política y la verdad.
Un catastro decente, un impuesto predial que castigue la acumulación de tierra, planes sociales y de desarrollo que se le deben al campesinado hace 200 años y una jurisdicción agraria que remplace la ley de la pistola para resolver los conflictos pueden barrer la inequidad y el abandono que han signado al campo colombiano.
Saldar viejas deudas de la Constitución del 91, como el Estatuto de la Oposición y la democracia participativa; reformar el sistema electoral, desestigmatizar la protesta ciudadana y facilitar la irrupción de nuevas fuerzas pueden transformar la manera de hacer política.
Y la verdad... las Farc han prometido la suya, del Nogal al narcotráfico a los asesinatos de líderes sociales. Pero es la de todos: políticos, militares, policías, agentes de seguridad, empresarios de la ciudad y el campo, paramilitarismo, acumulación de tierras. Bien manejado, con la Comisión de Esclarecimiento y la Jurisdicción Especial de Paz, lo que viene es una catarsis nacional sobre las responsabilidades de muchos en miles de crímenes.
Esas tres cosas –el campo, la política y la verdad– pueden hacer de Colombia, en una década, un país distinto. Eso lo saben los partidarios del acuerdo. Y los que se le oponen. Ese será el gran pulso del 2018.
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Los obstáculos son gigantescos. La balbuciente negociación con el Eln, que nada que empieza. Cuatro mil hombres con larga experiencia militar ya organizados en grupos criminales. Narcotráfico y minería ilegal por todas partes. La primera disidencia seria de las Farc, liderada por un miembro del Estado Mayor, que puede cerrar por años al turismo y al desarrollo una vasta franja de la Orinoquia y la Amazonia y, quizá, galvanizar a otros miembros de esa guerrilla. Corrupción sin control.
Y el desafío mayor: pasar del papel a la realidad el colosal edificio institucional y de reformas diseñado en los planos del Acuerdo Final (si ya cuesta cumplir con una tarea menor como garantizar la infraestructura básica para acoger a los guerrilleros y los observadores en las zonas veredales...).
Sí. Las oportunidades del 2017 son tan grandes como los retos.
Álvaro Sierra Restrepo
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