Entre el 2014 y el 2016, el Gobierno nacional logró la delimitación de 20 páramos, de los 36 complejos de este ecosistema que tiene el país. Sin embargo, la tarea de protegerlos comienza un camino de tres años aún más complejo: llevar del papel a la realidad la zonificación y el plan de manejo ambiental de estas zonas.
Este jueves el Ministerio de Ambiente, durante el evento ‘Simposio Páramos’ en Bogotá, dio a conocer la resolución del ecosistema número 20. Se trata del complejo de Las Baldías (de 876 hectáreas) en el departamento de Antioquia, en jurisdicción de tres municipios, que garantiza la provisión de agua de más de dos millones de habitantes.
Para que este y otros 19 páramos, empiecen a funcionar de acuerdo con la nueva área fijada, las corporaciones autónomas regionales tienen la tarea de determinar el uso de esas áreas y definir si serán para conservación, recuperación o aprovechamiento.
(Le puede interesar: Estos son los páramos que ya están delimitados)
Para cumplir esta obligación tienen tres años. Así las cosas, por ejemplo, el páramo de Santurbán (en Santander), el primero en ser delimitado en diciembre del 2014, deberá tener listo su plan para el 2017.
Hernando García, subdirector del Instituto Humboldt, explica que la delimitación “es un primer paso, pero no podemos hacer de los páramos, un espacio donde dentro de él nada vale, pero fuera sí. Hay que darle contenido a esa delimitación. El marco normativo es claro: la minería no puede estar ahí. Pero la sentencia dice que se valen otros usos, hay que analizar cuáles son esos”.
La delimitación de estos ecosistemas es una tarea pendiente desde el 2010, cuando el Plan Nacional de Desarrollo, del primer Gobierno de Santos, adoptó la obligación que le imponía la Corte Constitucional de velar por estos ecosistemas claves para la provisión del agua en el país.
No obstante, el compromiso adquirió mayor relevancia luego de la Corte Constitucional, en marzo de este año, emitiera una sentencia definitiva de prohibir las actividades de minería e hidrocarburos, previas a 2010 y 2011 respectivamente, en estos refugios del agua que solo representan el 2,5 por ciento del territorio nacional, pero del que depende el agua del 70 por ciento de la población nacional.
Los retos
De acuerdo con la Dirección de Bosques, Diversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, después de la publicación de los nuevos límites de los ecosistemas paramunos, reconocidos por ser el hábitat de frailejones y osos de anteojos, las corporaciones tienen que iniciar la zonificación y concertación con las comunidades. Para esta tarea se necesitan no solo recursos financieros, sino también personal técnico. El Ministerio de Ambiente no tiene un rubro específico para este fin, porque la responsabilidad directa es de las autoridades regionales.
Sin embargo, el Ministerio aclara que, además del acompañamiento a las CAR, no se tiene que empezar de ceros en todos los casos, debido a que muchas de las zonas de páramo delimitadas hacen parte de parques nacionales o regionales naturales, o de otras figuras de protección como los distritos de manejo integrado.
(Además: Destinarán $32 mil millones de regalías para protección de páramos)
“Por ejemplo, el páramo de Guerrero tiene cinco formas de protección diferentes. Estas se tienen que homogeneizar”, aseguró esta cartera ministerial.
En el caso de los páramos bajo la jurisdicción de Corpochivor, en el sur de Boyacá, por ejemplo se ha tenido que buscar recursos de cooperación internacional para empezar acciones en un ecosistema como el páramo de Rabanal, fuertemente impactado por la minería ilegal, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería.
Por ahora, según Fabio Guerrero, director de la corporación, se han logrado hacer siete operativos de cierre de bocaminas de carbón que operan sin licencia. No obstante, en cuanto a las legales, es la Agencia Nacional de Minería la responsable de recortar las áreas de los títulos ya otorgados que se vean implicados en los límites de páramo, según la resolución del Minambiente.
Si la mina ya está en funcionamiento, comenzaría un proceso legal con la empresa para iniciar un proceso de cierre y abandono. En algunos casos, estos trámites- si el privado alega sus derechos adquiridos- podrían tomar hasta más de una década.
Conseguir los recursos para los planes de manejo de los páramos, apoyar a las corporaciones para que efectivamente hagan un control ambiental en esas áreas, llegar a acuerdos con las comunidades -que por varias décadas ya han vivido en estas áreas-, así como coordinar que las agencias de minería e hidrocarburos actualicen sus títulos y concesiones a los nuevos límites, son algunos de los retos que quedan después de la delimitación de los 20 páramos.
LAURA BETANCUR ALARCÓN
Redactora de EL TIEMPO