Un detrimento estimado en 30.183 millones de pesos, por cinco convenios de obras incumplidas por la Corporación País Rural con la empresa Ecopetrol, reveló ayer la Fiscalía como resultado de una investigación que afecta inversiones en Meta, Huila y Putumayo.
Las investigaciones de la Fiscalía que derivaron en la captura de cuatro personas, entre ellos dos miembros de País Rural, un exdirectivo de Ecopetrol y una empleada de la petrolera, hallaron irregularidades en contratos de carácter social.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer ayer que los contratos se celebraron sin la debida planeación, sin justificación de estudios previos ni presupuestos de viabilidad y lo más grave, fueron pagados sin que País Rural ejecutara las obras.
Funcionarios de Ecopetrol autorizaron el pago de cuantiosos giros a favor de la Corporación País Rural, amparados en actas falsas de ejecución y de liquidación con lo cual pretendían justificar los pagos.
“País Rural no tenía la experiencia, la idoneidad, ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutar esos convenios”, advirtió el Fiscal General.
En el Meta y particularmente en Villavicencio estalló el escándalo sobre irregularidades en proyectos de vías y alcantarillado con País Rural en los corregimientos 4 y 7, relacionados con vías y alcantarillados inconclusos, lo que generó protestas de las comunidades y bloqueos de la carretera a Puerto López.
Con base en las pruebas recopiladas la Fiscalía imputará cargos a Julio César Zuleta, exlíder de la Gestión Social para la Orinoquia de Ecopetrol, quien, según la investigación, autorizó los pagos indebidos a País Rural, además intervino en la tramitación de los convenios irregulares.
También a Ana Milena Estupiñán, actual empleada de Ecopetrol, que en su condición de funcionaria de Gestión Social era la encargada de viabilizar los pagos respectivos indebidos a la Corporación.
Además, Fredy Vargas Ramírez, representante legal de País Rural, y la directora financiera de la Corporación Claudia Cecilia Rodríguez.
La Fiscalía les imputará cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS