El paisaje de Punta Gallinas, en la Alta Guajira, no puede resultar más atractivo para los turistas, basta una larga caminata por sus paisajes áridos, donde solo se mantienen en pie los cactus, para coronar una duna de 60 metros de altura, que se eleva imponente a orillas del mar Caribe.
A ocho kilómetros de este atractivo turístico, en el municipio de Uribia, sobrevive una población de cerca de 400 indígenas wayús; ellos emprenden recorridos de hasta tres horas para aprovisionarse de agua potable, en un entorno donde las vías de acceso y los servicios públicos son tan esquivos como la misma lluvia.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), esta comunidad de Bahía Hondita, hace parte del 91 por ciento de la población rural del departamento de La Guajira, que tiene sus Necesidades Básicas Insatisfechas.
A nivel nacional, el Dane confirmó que el 44 por ciento de los habitantes de las zonas rurales del país viven en la pobreza, situación que incluye la privación de servicios como el agua y saneamiento básico.
Para que los colombianos que habitan los rincones más remotos del país tengan acceso al líquido vital, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el pasado 23 de noviembre el Decreto 1898, de esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales.
Según el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Harold Guerrero, la Ley 142, que regula la prestación de servicios públicos domiciliarios en todo el país, contempla una serie de exigencias que se pueden cumplir en las ciudades, pero no en las veredas más humildes.
“Este nuevo decreto nos permite analizar la realidad geográfica y cultural de cada una de esas regiones apartadas del país, donde tenemos las mayores problemáticas de acceso a agua potable y saneamiento básico, para generar una alternativa apropiada, adaptada a las necesidades de cada territorio”, explica el funcionario.
“Por ejemplo, en La Guajira –el departamento con mayor necesidad de agua potable en el país– no sería posible llevar el agua a las rancherías a través de tuberías, por lo que es más factible garantizar el suministro a través de pilas públicas”, agrega el funcionario.
El decreto también contempla la participación de las comunidades organizadas que quieran hacer parte de la prestación de este servicio o empresas privadas que quieran participar, como parte de sus programas de responsabilidad social.
Las comunidades y empresas que le apuesten a trabajar bajo estos esquemas asociativos comunitarios recibirán asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura y el de Vivienda.
“Lo importante en este punto –destaca Guerrero– es que la Superintendencia de Servicios Públicos no va a hacer exigencias tan rigurosas como en las ciudades capitales, porque en la práctica serían imposibles de cumplir en las zonas rurales”.
Respecto a la implementación del proyecto en territorio, ya está en marcha un piloto que se adelanta en los municipios de Manaure y Maicao, en la Alta Guajira, para que las comunidades organizadas puedan hacer parte de la operación del sistema de agua potable y la prestación del servicio. Más adelante, el Decreto se implementará en municipios de Cauca, como Caloto, Puerto Tejada y Timbiquí.
Según información de la cartera de Vivienda, además de La Guajira y Cauca, los departamentos más rezagados en el acceso a este servicio son Bolívar, Chocó, Santander, Tolima y otros departamentos de la Amazonía y la Orinoquía.
El modelo cambió
El servicio de acueducto y alcantarillado en el país es responsabilidad de los municipios en alianza con las empresas de servicios públicos, pero debido a que el conflicto armado dificultó la presencia del Estado y el suministro de servicios básicos en varias poblaciones rurales; el acceso al agua se convirtió en una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo proyectado para el 2014-2018.
“El componente de agua será vital para el posconflicto porque significa desarrollo, progreso y bienestar para muchas comunidades que por fin tendrán la oportunidad de sentar raíces en sus casas, fincas y parcelas, con mejores condiciones de calidad de vida”, concluyó el viceministro de agua Harold Guerrero.
EL TIEMPO