Para dejar de pagar arriendos que superan los 550.000 pesos en La Calera, 150 familias del municipio se organizaron para acceder a una Vivienda de Interés Social (VIS). Sin embargo, uno de los proyectos, el cual traería más de dos mil unidades al territorio, está en medio de una polémica.
Algunos ciudadanos criticaron la solicitud presentada por la alcaldesa, Ana Lucía Escobar, de cambiar el uso de suelo por considerar que generará urbanización acelerada en el municipio, al igual que afectaría la oferta de servicios como el agua, dicen según ellos.
El terreno queda a cinco minutos del centro poblado y es propiedad de un privado, mientras que “el proyecto lo desarrollaría la constructora O & R”, indicó la alcaldesa Escobar.
Ella señaló que son varias las críticas que le han surgido a la edificación de estas viviendas, pero que hay desinformación. “A principios de año, el Instituto de Vivienda del municipio (Inviur) realizó una encuesta, la cual indicó que 2.800 personas viven en arriendo”, indicó.
Según Escobar, “hay siete polígonos de expansión y dos están aprobados, pero en ninguno de estos terrenos se puede realizar vivienda de interés social (para ahorradores) sino de interés prioritario, o sea, para personas víctimas del conflicto, entre otros”.
Por eso, el propietario del predio en la vereda Altamar le ofreció el terreno para desarrollar el proyecto. “Es un terreno apto para casas de estratos 1, 2 y 3”, sostuvo Escobar.
Según cifras de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, y con base en información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en La Calera hay 3.754 unidades de vivienda en zona urbana. Con la construcción de las 2.500 unidades que se plantean en el nuevo proyecto, se aumentarían a más de 6.000 los predios, lo que genera malestar entre la ciudadanía.
Sin embargo, la alcaldesa de esa población aclaró que se pretende construirlas en un plazo de 10 años.
“Por bien que nos vaya con la aprobación del proyecto en el Concejo, la expedición de licencias de construcción y la obra como tal, cuando yo me vaya de la Alcaldía, en tres años, se entregarían las primeras 400, máximo”, explicó Escobar.
Por su parte, Íngrid Parra, integrante de la junta de la Organización Popular de Vivienda (OPV), la cual integra a 150 familias que esperan acceder a una casa, indicó que el proyecto se ajustaría tanto a su presupuesto como a sus necesidades. “Sería la oportunidad de muchas familias de tener lo nuestro. Además, la Gerencia de Servicios Públicos del municipio dice que sí hay cómo garantizar los servicios públicos”, explicó Parra.
Las preocupaciones
Contrario a lo que sostiene la Alcaldía de La Calera, varios ciudadanos y concejales del municipio están preocupados.
“No nos oponemos a las viviendas de interés social para personas de estratos 1, 2 y 3. Eso hay que aclararlo. De hecho, yo también soy estrato 2”, indicó Roberto Martínez, uno de los habitantes de La Pradera, ubicado junto al terreno del posible proyecto.
El alto flujo vehicular que se presenta sobre la vía principal del municipio, la prestación de servicios, los residuos que generen las viviendas, así como el crecimiento acelerado que según los opositores podrían desencadenarse son algunos de sus temores.
“Estamos hablando de la posible llegada de 9.000 personas a una zona que no cuenta con infraestructura vial, colegios, centro de salud, entre otros servicios para albergarla”, explicó Martínez.
En la actualidad, según Planeación de Cundinamarca, cerca de 27.500 personas habitan el municipio.
De otro lado, hay un concepto del Consejo Territorial de Planeación del 27 de noviembre de este año que recomendó no incorporar el predio al área urbana, hasta que se estudien de manera profunda las implicaciones que traería para todo el municipio.
La polémica se ha extendido a tal punto que la Asociación de Juntas de Acción Comunal de La Calera (Asojuntas) emitió un comunicado en el que les pide al Concejo y la administración tener en cuenta tanto las inquietudes de los habitantes de la zona de influencia del proyecto como de la sociedad civil en general.
Quiénes accederían
La Organización Popular de Vivienda de La Calera está conformada por ciudadanos ahorradores de estratos 1, 2 y 3, quienes desean comprar una vivienda propia que se encuentre entre los 70 y 130 salarios mínimos mensuales legales vigentes y serían los principales beneficiarios de un proyecto de vivienda de interés social en el municipio.
Según la Alcaldía de La Calera, para acceder se les exigirá tener Sisbén en este territorio, no tener propiedades privadas ni allí ni en otra parte del país, y haber nacido o vivir en La Calera desde hace más de 10 años, con el fin de evitar que lleguen más personas de otras zonas a acceder a las viviendas.
EL TIEMPO le hará seguimiento a este tema.
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