Dentro del debate de la financiación para el posconflicto, hay grandes expectativas sobre los recursos internacionales. Aunque los recursos serán limitados, los cooperantes ya iniciaron la creación de fondos para apoyar el posconflicto, como el de la Unión Europea (UE) constituido este lunes en Bruselas.
La presencia de los mismos plantea retos al Gobierno colombiano, dada la pluralidad de estos y la forma como se trasladarán a las zonas más necesitadas.
En octubre pasado con la visita del director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE, Stefano Manservisi, se reiteró el apoyo de esa comunidad a la construcción de paz en el país y la activación de ese fondo.
En Bélgica, el acuerdo constitutivo del fondo fiduciario se firmó en un evento en el que el presidente Santos participó luego de recibir el Premio Nobel de paz en Oslo, Noruega. En este participan 19 países miembros y, por el momento, incluye compromisos por aproximadamente 95 millones de euros. Con este gesto, la Unión Europea ofrece su respaldo a la implementación del acuerdo de paz.
Esta es una buena noticia para el país, pero no puede dejar de lado la preocupación que existe en cuanto a los recursos disponibles para este momento crucial en la construcción de una paz estable y duradera.
Sobre el costo del posconflicto se ha debatido mucho; sin embargo, algunas fuentes señalan un consenso sobre un estimado de alrededor de 90 billones de pesos (otros como el Bank of America, calculan un costo anual de entre 1,1 % y 3,8 % del PIB), en los próximos diez años.
La justificación de tal monto es la puesta en marcha de diferentes iniciativas que promuevan y garanticen la paz a nivel social, económico y político. Por ahora, dentro de las posibles fuentes de financiamiento se encuentra el eventual aumento del recaudo impositivo por medio de una reforma tributaria, recurrir a endeudamiento externo e, incluso, depender de los réditos económicos que traería un país en paz.
Los avances del proceso de paz, y ahora, el acuerdo definitivo generaron la atención suficiente por parte de la comunidad internacional. Aunque, los principales países cooperantes han manifestado apoyo, este no necesariamente se traducirá en una gran cantidad de recursos para la etapa posconflicto.
Recursos limitados
El sustento de la aseveración anterior está en que los principales donantes ya han adelantado gestiones, que permiten tener un panorama relativamente claro: mientras el Gobierno mantenía discreción con los avances de la negociación y no se tenía clara la fecha de firma del acuerdo final, los cooperantes se fueron preparando para responder a esa etapa posconflicto.
Desde hace un año, varios de los principales cooperantes anunciaron o conformaron los siguientes fondos: el del Banco Mundial, el Fiduciario de la Unión Europea, el multidonantes de la ONU, el sostenible del BID y el Fondo Colombia en Paz, creado por el Gobierno colombiano. Cada uno de estos se especializará en el financiamiento de iniciativas alrededor de infraestructura social, desarrollo local, apoyo a la Estrategia de Respuesta Rápida y a la promoción de la sostenibilidad ambiental.
El fondo nacional tiene por mandato la coordinación de todos los fondos para realizar una asignación eficiente de los recursos. Se estima que el andamiaje de financiación descrito anteriormente no va a superar el 5 % del total del costo del posconflicto, según ha mencionado Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto.
Ayuda para la paz: de vieja data y mundial
La existencia de fondos internacionales para apoyar iniciativas de paz en el país no es nueva. Colombia ha contado en su historia con el apoyo de dos fondos fiduciarios. En 1999, se creó el Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) para el financiamiento de iniciativas en busca de la paz durante el proceso de negociación realizado bajo el gobierno de Andrés Pastrana.
El Fondo de Justicia Transicional, por su parte, se estableció en el 2008 y fue el primero en considerar el acompañamiento de la comunidad internacional para la transmisión de conocimientos técnicos en áreas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
La puesta en marcha de fondos internacionales no es exclusiva tampoco para el caso colombiano. Internacionalmente, se encuentra en ejecución actualmente, entre otros, el fondo fiduciario Bêkou para la República Centroafricana, el Fondo Madad para Siria y el fondo fiduciario para África por parte de la Unión Europea, pero tanto Naciones Unidas como el Banco Mundial tienen años de experiencia en este mecanismo de financiación para catástrofes naturales o etapas de posconflicto.
Lo particular del caso colombiano frente a los fondos internacionales consiste en la multiplicidad de los mismos, teniendo en cuenta que habrá fondos limitados y que de alguna forma competirán entre ellos mismos por los recursos de los principales países donantes. Esto presenta algunos obstáculos para el Gobierno Nacional y para los cooperantes internacionales participantes de cara a emplear tales recursos de forma eficaz.
En primer lugar, la existencia de más de un fondo fiduciario podría implicar la creación de una institucionalidad encargada de la administración de cada uno de ellos por parte del Gobierno colombiano.
Aunque esto no sería necesario, es claro que los gastos de funcionamiento de tales fondos se deducen del dinero que ha sido ya asignado por los actores internacionales a Colombia, para el caso de la Unión Europea se espera sea menos de un 5%, pero para otros casos puede estar alrededor del 10 % por manejo administrativo de los recursos.
En segundo lugar, no se ha explicado muy bien cómo llegarán tales fondos a las zonas que más requieren de los mismos. La administración se hará con alta probabilidad en Bogotá.
Tal centralismo en la administración de los fondos facilita la rendición de cuentas sobre los mismos y el seguimiento de la ejecución de los recursos, falencias que le fueron recriminadas al FIP en su momento, pero por otro lado, la dificultad de las instituciones del Gobierno de tener mecanismos ágiles para ejecutar los recursos pueden retardar la llegada de los recursos a la celeridad que se requerirá. Se debe contemplar la posibilidad de trasladar recursos a actores que estén en terreno, ya sea a instituciones locales o sociedad civil organizada local.
Ante tales obstáculos, el Gobierno colombiano enfrenta una serie de retos que ya se deben estar analizando. Frente a la diversidad de fuentes de financiamiento internacionales, la institucionalidad nacional deberá mostrar liderazgo efectivo en la coordinación de los fondos. De esta manera, se evitará la competencia entre los mismos y la ejecución de dobles esfuerzos.
Por otro lado, se deberá detallar la forma como las instituciones administradoras de tales fondos estarán cerca de las comunidades más afectadas por el conflicto.
Tal cercanía no requiere ser necesariamente física: por ejemplo, se podrían establecer mecanismos de comunicación y difusión sobre las maneras de someter propuestas cuya concepción venga desde abajo y se apoyen en el tejido social que se ha construido gracias a los esfuerzos previos de la cooperación internacional en el territorio.
Buena parte de los retos que enfrenta el Gobierno serán asumidos por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), como locutor institucional entre los colombianos y los donantes internacionales.
La agencia tiene claro cuál es el papel que debe desempeñar en el posconflicto, no obstante, de la coordinación, junto con el consejero delegado para el Posconflicto, que se logre entre los fondos dependerá el balance que se haga sobre la gestión de la misma en los años de una Colombia en paz que parecen cada vez más próximos.
JUANA GARCÍA DUQUE Y JUAN DAVID MARTÍNEZ
Profesora y asistente de investigación, respectivamente, de la Universidad de Los Andes.
Para EL TIEMPO