Sigue la preocupación por la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, tras haberse logrado un acuerdo de paz con las Farc.
Esta vez por cuenta de un informe de la Cumbre Agraria, plataforma que reúne a organizaciones campesinas, étnicas y populares. Esa organización documentó 31 asesinatos más, respecto al año pasado, ocurridos durante el 2016.
En el registro de afectados desde el 1.º de enero hasta el 4 de diciembre de este año aparecen 94 casos de homicidio de dirigentes rurales, indígenas, estudiantiles y afrocolombianos. Esta cifra es la más alta en los últimos seis años, según la base de datos de la comisión de derechos humanos de esa organización.
El más reciente asesinato reportado ocurrió el 4 de diciembre pasado. Rubiela Coicué, del resguardo indígena López Adentro en Caloto, Cauca, fue la víctima. Aún no se tienen pistas de los autores.
A pesar de que el proceso de paz de La Habana trajo consigo la reducción del número de afectados por el conflicto, la Cumbre sostiene que “se incrementaron los índices de violencia sociopolítica” contra esos líderes.
¿Los factores de la persecución? El informe señala la reconfiguración del paramilitarismo, la oposición a megaproyectos en los territorios y la estigmatización de los líderes por su defensa del diálogo como salida al conflicto armado.
“El accionar paramilitar en el territorio nacional se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre las Farc y el Gobierno, y a los diálogos con el Eln, que eventualmente iniciarán su fase pública en los próximos días”, destaca el informe.
De los 94 casos de asesinatos se tiene como presuntos responsables a los paramilitares en 73 casos, al Ejército en 3, a la Policía en 4, y 14 a desconocidos.
El Cauca y Antioquia son los departamentos que encabezan –confirmado por otros informes, como el de Somos Defensores–, la lista donde más se presentan los asesinatos de líderes: 25 y 15, respectivamente. Le sigue Nariño, con 8.
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Además de los homicidios, el informe también da cuenta de 46 atentados, 302 amenazas y 5 desapariciones forzadas de líderes sociales durante este año.
En medio del encuentro que sostuvo la Cumbre Agraria durante cuatro días en Bogotá, la semana pasada fue radicado dicho texto ante el presidente Juan Manuel Santos.
“Estamos muy preocupados. Necesitamos que el Gobierno nos garantice la seguridad. Por eso es muy importante que se ponga en marcha la mesa técnica de protección del acuerdo de paz”, dice Aída Quilcué, vocera de la Cumbre.
EL TIEMPO