Las demandas contra la Nación por el descalabro de la comisionista Interbolsa ya se acercan al billón de pesos, y el taxímetro se sigue incrementando.
En tribunales administrativos ya han sido radicadas más de 30 demandas de reparación integral con las que los accionantes pretenden que el Estado los indemnice por los daños ocasionados por las supuestas omisiones de las autoridades encargadas de vigilar el sector.
Una de las demandas que más ha llamado la atención es la del cuestionado inversionista Alessandro Corridori y de su cuñada María Eugenia Jaramillo Palacios. Aunque a ellos la Fiscalía les imputó cargos y están en juicio por las irregularidades que llevaron a las millonarias pérdidas, presentaron individualmente acciones de reparación.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que Corridori pide 181.000 millones de pesos y su cuñada, 90.000 millones de pesos; sus solicitudes ya han tenido audiencias en los tribunales de Cundinamarca.
Corridori, a quien la Fiscalía le imputó cargos en noviembre del 2013, busca que se declare responsable a la Superintendencia Financiera de no haber efectuado una correcta vigilancia: “Luego de la suspensión de la negociación de las acciones de Fabricato, se realizaron operaciones, y por no haber cumplido con las acciones de supervisión, vigilancia e inspección que le corresponde, asunto que según el demandante conllevó que la acción de Fabricato disminuyera considerablemente”.
El magistrado del Tribunal de Cundinamarca Leonardo Torres consideró en primera instancia que la parte demandante podía usar otra figura judicial para sus pretensiones, y esa decisión fue apelada, por lo que tendrá que ser resuelta por el Consejo de Estado.
Los enredados en la investigación también han presentado demandas de nulidad para dejar sin efecto las multas y sanciones impuestas por la Superfinanciera. Entre los que han radicado recursos están Rodrigo Jaramillo, que cumple una pena de siete años de detención en su casa en Medellín y el expresidente de la comisionista Álvaro de Jesús Tirado Quintero, quien es procesado penalmente por los delitos de concierto para delinquir, operaciones no autorizadas, administración desleal y manipulación fraudulenta de especies.
(También: Fondo Premium: los bienes de lujo que rematarán en $ 136.000 millones)
A las polémicas demandas de Corridori y su cuñada se suman las presentadas por las víctimas del Fondo Premium. A la primera demanda radicada por el abogado de varias víctimas del fondo se han ido acumulando los recursos judiciales de los demás afectados. Las pretensiones ya van por 548.000 millones de pesos y no dejan de llegar demandas.
El superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que se han creado varios equipos para defender al Estado en esas millonarias demandas.
“Estamos trabajando con la Defensa Jurídica del Estado. En algunos casos, los procesos los estamos adelantando con abogados contratados de las mejores calidades y otros los llevan funcionarios de la misma Superintendencia. Se han logrado resultados favorables”, dijo Hernández.
Y agregó que están tranquilos porque “las cosas se están haciendo bien y tenemos la certeza de que las decisiones que se tomaron fueron adecuadas”.
Por el lado de la Superintendencia de Sociedades también se han radicado cientos de recursos por parte de los investigados. Solo el inversionista Víctor Maldonado, preso en la investigación por el desfalco al Fondo Premium, y su familia han presentado 13 tutelas, seis incidentes de exclusión de bienes, 70 objeciones, una nulidad y nueve recursos de aclaración.
El Estado ya tuvo que enfrentar en el pasado una avalancha de demandas de este tipo tras la caída de las pirámides que funcionaron en el país. Entre reparaciones directas, acciones de grupo y populares se recibieron 407 demandas por valor de 682.000 millones de pesos. El Estado no ha perdido ninguna de esas demandas.
JUSTICIA