Tan importante como el fin de la guerra con las Farc, que se concretó este año tras medio siglo de conflicto armado, fue la carrera de obstáculos que tuvo que superarse en este 2016 para lograr el Acuerdo Final de Paz que el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, firmaron el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá.
Por el significado que tiene para el país haber logrado la paz con las Farc después de 34 años de intentos –el primero en 1982–, este es el hecho del año en Colombia.
Es imposible desligarlo, desde luego, del inesperado golpe que el acuerdo original con esta guerrilla sufrió en el plebiscito del 2 de octubre, cuando, sorpresivamente, fue rechazado en las urnas.
A pesar de la estrecha mayoría con la que el ‘No’ triunfó sobre el ‘Sí’ –con una diferencia de solo 0,43 por ciento de sufragios–, la votación dejó claro que el país estaba dividido frente a las condiciones pactadas con las Farc para que dejaran las armas y se integraran a la política legal.
Ya fuera por falta de precisiones sobre las sanciones a los guerrilleros involucrados en delitos graves, por el rechazo natural a las Farc, por el efecto de la campaña del Centro Democrático contra el acuerdo, porque no se comprendía lo pactado en La Habana o por la influencia de iglesias cristianas que interpretaron el enfoque de género como una promoción de la diversidad sexual, el hecho es que para la mitad de los colombianos que votaron –el 50,21 por ciento– el fin de esta guerrilla no era suficiente para aceptar lo negociado. (Lea también: Gobierno y Farc alcanzan un segundo acuerdo de paz)
Las paradojas
Pero quizás lo más paradójico fue el efecto que tuvo en el acuerdo con las Farc el resultado adverso del plebiscito. Literalmente, el triunfo del ‘No’ llevó a esta guerrilla a ceder en varios de los puntos en los que más resistencia hizo en la mesa de negociaciones de La Habana.
En la práctica, la voz de las urnas llevó al grupo insurgente a renegociar lo que en otro momento consideró innegociable.
Por ejemplo, desde el comienzo fue polémico entre las delegaciones del Gobierno y las Farc el tamaño del espacio geográfico por el cual podrían movilizarse los guerrilleros sentenciados a una sanción de restricción de libertad por estar implicados en delitos graves.
Para los negociadores de la guerrilla, no debía tener un límite específico si se tenía en cuenta que ellos debían desplazarse a distintos lugares para realizar las actividades políticas que les autoriza el acuerdo de paz. Los negociadores del Gobierno, en cambio, habían defendido la idea de delimitar un sitio fijo de residencia desde el cual los guerrilleros podrían movilizarse, con un permiso, para hacer trabajo político.
Había sido tan difícil el tema entre las partes, que en el acuerdo original se dejó a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz la responsabilidad de establecer el tamaño del sitio donde debían permanecer los guerrilleros y las condiciones de la movilidad.
Tras la renegociación del acuerdo, obligada por el resultado del plebiscito, quedó claro que los guerrilleros sancionados con restricción de la libertad deberán cumplir esa sentencia en un espacio geográfico no mayor a una zona veredal. Y para su movilidad, tienen que contar con autorización previa y respetar los horarios que les fijen.
Pero este es apenas uno de los cambios más notorios que produjo en el nuevo acuerdo de paz el resultado del plebiscito.
Las Farc, además, cedieron en que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz –la que juzgará y sentenciará a los autores de delitos graves– fueran todos colombianos.
Al comienzo se opusieron, sobre la base de que la justicia colombiana no les daba garantías porque la mayoría de los miembros del grupo armado condenados habían sido juzgados como delincuentes comunes y no como guerrilleros.
Pero al acabar aceptando esa modificación, esa guerrilla hizo una concesión más a los opositores al acuerdo original. Una de las coincidencias entre los sectores que promovieron el ‘No’ en el plebiscito fue el reclamo por un papel protagónico de los jueces colombianos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Argumentaron que, de otra manera, quedaba en cuestión la soberanía de la justicia del país.
Pulsos difíciles
Otro de los pulsos fuertes entre el Gobierno y las Farc, particularmente en la fase final de la negociación del primer acuerdo en La Habana, había sido por el mecanismo para darle seguridad jurídica al Acuerdo Final de Paz.
Para la guerrilla, solo una incorporación de este a la Constitución lo blindaba de futuros intentos de cambios y, en consecuencia, de eventuales incumplimientos de parte de los gobiernos que sucederán al presidente Santos y del Congreso.
En principio, incluso, el grupo insurgente defendió la tesis de que solo con darle al Acuerdo Final de Paz la categoría de acuerdo especial –figura contemplada en el Derecho Internacional Humanitario (DIH)– este quedaba incorporado al bloque de constitucionalidad.
La base de este argumento era que como el DIH ya hacía parte de ese bloque, automáticamente el Acuerdo Final de Paz lo sería.
Para el Gobierno, era necesario que el acuerdo de paz pasara por aprobación en el Congreso y, con este aval, se incorporara luego a la Constitución. Así quedó establecido en el acuerdo original. (Lea también: Cinco claves para entender el nuevo acuerdo de La Habana)
Pero incluso con el control de las instituciones del Estado, una buena parte de los promotores del ‘No’ consideraron inconveniente que lo pactado con las Farc no se pudiera modificar hacia adelante.
En la renegociación del acuerdo, esta guerrilla aceptó que no todo el acuerdo de paz se vinculara a la Constitución. Solo a los puntos relacionados con derechos fundamentales o con el Derecho Internacional Humanitario se les dará esta categoría.
Esta fue, quizás, una de las concesiones más importantes, pues desde el comienzo de la negociación de paz a las Farc las perturbó la idea de que lo acordado en La Habana no se blindara de cambios en futuros gobiernos.
Pero la paradoja mayor del triunfo del ‘No’ en el plebiscito fue que permitió a las Farc ratificar ante el país su decisión política de poner fin a la guerra y salvar la paz cediendo en varios puntos.
En lo único que no transaron fue en la exigencia de los opositores al acuerdo original de que los guerrilleros con delitos graves fueran sancionados con cárcel efectiva y que no se les permitiera la participación en política.
Las Farc se ratificaron en que ninguna guerrilla en el mundo ha entregado las armas para ir a la cárcel y para quedar en el ostracismo político. Al fin de cuentas, toda negociación de paz es, en esencia, un pacto de desarme para defender las ideas dentro de la institucionalidad democrática.
Reacción inmediata
Y en esta carrera de obstáculos en que se convirtió el camino hacia el fin de la guerra con las Farc hay que destacar también la pronta reacción del Gobierno tras el triunfo del ‘No’ en el plebiscito el 2 de octubre. Solo dos días después, tenía en plena operación una mesa de diálogo con los promotores del ‘No’, con quienes identificó los puntos de discrepancia con el acuerdo original. Y al cabo de 41 días, el 12 de noviembre, terminó de negociar un nuevo pacto de paz con las Farc que tenía precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 puntos objetados por los promotores del ‘No’.
Para calibrar los cambios que se hicieron al acuerdo original, es necesario recordar que dos de las batallas más difíciles en los casi cuatro años que duraron las negociaciones –entre el 19 de noviembre del 2012 y el 24 de agosto del 2016– fueron la identificación de los bienes de las Farc para la reparación de las víctimas y la declaración del narcotráfico como conexo al delito de rebelión.
En el primer caso, tras los resultados del plebiscito esta guerrilla acogió la idea de entregar una lista de sus bienes durante el periodo que van a durar las zonas donde hará el desarme y el tránsito a grupo político legal. Esto, que era una exigencia de grupos de víctimas, deberá ocurrir antes del primero de junio del 2017.
Frente al narcotráfico, las Farc, que habían insistido en que su relación con el negocio de la coca estaba limitado a la financiación de la guerra contra el Estado, aceptaron que cada caso sea mirado de manera particular y que no a cada guerrillero, por el hecho de serlo, le sea considerado el narcotráfico como delito conexo a la rebelión.
La dimensión de la paz
Para quienes conocen las intimidades de las negociaciones con las Farc, es claro que el acuerdo de paz que el presidente Santos y ‘Timochenko’ firmaron en Cartagena el 26 de septiembre, seis días antes del plebiscito, estuvo precedido de un tortuoso forcejeo. Unas veces había cedido el Gobierno y otras veces esa guerrilla.
Precisamente, las discusiones impidieron que Santos y el jefe máximo de las Farc firmaran la paz el 23 de marzo del 2016, como se lo habían propuesto en septiembre del 2015, cuando anunciaron el acuerdo sobre víctimas, el cual, por su dificultad, se llevó año y medio de los casi cuatro años que duraron las negociaciones en La Habana.
Y no fue sino hasta el 23 de junio del 2016 que las partes anunciaron el acuerdo sobre el fin del conflicto. Es decir, el que establecía las condiciones en que se daría el cese bilateral y definitivo del fuego y la dejación de las armas. En otras palabras, el que marcaba el fin de 52 años de guerra con las Farc.
Desde el lanzamiento del proceso de paz en Oslo (Noruega), el 18 de octubre del 2012, era previsible que la negociación sería difícil, como lo fue. Y que el proceso estaría bajo permanente acoso político interno, como lo está hasta la fecha.
En contraste, la comunidad internacional ha sido una entusiasta partidaria de la paz con las Farc. Por eso, la gala que selló en Cartagena el acuerdo original de paz contó con la asistencia de 12 presidentes latinoamericanos, con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, con el secretario general de la ONU, Ban-Ki- Moon, y con representantes de la Unión Europea.
Pero el inesperado golpe del plebiscito, que al final terminó mejorando el acuerdo, marcó la historia de este 2016 tanto como la firma final de la paz con las Farc.
Entre otras cosas, porque dejó en claro que la implementación de los acuerdos no será fácil, incluso si la Corte Constitucional falla mañana a favor del mecanismo abreviado en el Congreso –el ‘fast track’– para votar las leyes y reformas que requiere la paz con esa guerrilla.
El plebiscito, además, puede considerarse un abrebocas de lo que será la campaña para las elecciones del Congreso y la Presidencia en el 2018.
No solo el Centro Democrático, sino sectores que han acompañado al gobierno de Santos, como Cambio Radical, seguramente harán campaña atacando dos aspectos del Acuerdo Final de Paz: las penas alternativas para los guerrilleros con delitos graves, y la posibilidad de que los jefes de las Farc accedan a cargos de elección popular.
Es indudable que tanto el acuerdo de paz como su implementación seguirán siendo los temas dominantes del escenario político y polarizarán al país. Pero nadie puede cuestionar que, pese a todos los obstáculos, el 2016 marcó el fin de la guerra con el grupo insurgente más poderoso y antiguo del continente.
En Colombia, ese hecho no ha sido valorado en toda su dimensión por la intensidad del debate político. Pero no es poca cosa que Latinoamérica y el mundo lo hayan asumido como un logro del país. Ese es el sentido que tiene el Premio Nobel de la Paz que recibió ayer el presidente Santos en Oslo, justamente donde este proceso fue lanzado hace cuatro años.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: @MarisolGmezG