Con algunas excepciones, los magistrados de esta Corte Constitucional carecen de la madera de los altos juristas para resistirse a los embates que desde todos los flancos se les vienen haciendo para que aprueben el ‘fast track’. O el ‘fast Farck’, como ya lo apodan algunos. De no hacerlo, se les advierte en todas las formas posibles que se tirarán el proceso de paz.
El presidente Santos, desde Oslo, le pide a la Corte celeridad: “Imagínense el próximo año electoral con el Congreso discutiendo cada palabra de cada ley”.
El abogado de las Farc, Enrique Santiago, fue aún más preciso en sus instrucciones: “El pronunciamiento debe ser rápido. Si no pudiera utilizarse el procedimiento especial, sería un serio problema para la construcción de la paz”.
Y De la Calle: “La guerrilla no va a estar un año sentada esperando a ver qué pasa”.
Pero nadie más directo que ‘Jesús Santrich’: “La cosa es tan simple que sin ‘fast track’ nos devolvemos para el monte”.
La pura verdad es que lo que más se busca a través del ‘fast track’ no es la rapidez legislativa. Esta se logra por esta o por otras vías, como un llamado de urgencia del Gobierno al Congreso, que acorta así mismo los debates. El verdadero propósito del ‘fast track’ es anular completamente la facultad deliberativa del Congreso. Solo el ‘fast track’ garantiza que las decisiones del Legislativo queden supeditadas a todo lo que ordene el Gobierno, pactado con las Farc, y que los parlamentarios no puedan introducir modificación o enmienda alguna, ni una línea, ni una coma, a los proyectos de ley que se presentarán para implementar los acuerdos de paz. Su única opción será aprobar o improbar, y punto.
Pero, negado el plebiscito que ataba la aprobación del ‘fast track’ a la voluntad popular, ¿cómo salvar el mecanismo? Necesariamente, el balón está en la Corte Constitucional. Cuyos magistrados se dispersaron durante diez días en viajes por Palestina, Alemania y Centroamérica, porque tienen por costumbre no hacer salas plenas en diciembre para poder aceptar cuanta invitación les hacen. Y nada, por trascendental que sea, como lo acabamos de ver, los conmina a cancelar sus variados compromisos en el exterior. Parece que el 12 de diciembre los veremos otra vez deliberando. Pero además varios de ellos terminan sus períodos legales y están demasiado jóvenes para jubilarse. Nunca es tarde para que su patriotismo sea premiado con gabelas diplomáticas directa o familiarmente, como ya se ha visto en el pasado.
Y aunque tienen clara la meta, no tienen tan claro cómo llegar a ella. ¿Se dejarán convencer del argumento del exministro de Justicia Yesid Reyes en el sentido de que los artículos demandados guardan unidad normativa con el 5.°, que condiciona todo a la voluntad popular, aunque no esté demandado? Si aceptan la tesis del doctor Yesid, de una vez, sin esperar al año entrante y a otras demandas, pueden tumbar el artículo 5.°. Pero entonces pasaría lo mismo, al revés: si el artículo 5.° es el que le da piso a todo el acto legislativo, caído el 5.°, caído también el ‘fast track’, por la misma unidad normativa, ya que la voluntad popular era su condición para nacer. No sería raro que la Corte acepte la tesis del doctor Yesid, ambiciosamente diseñada, como el asalto a una joyería. Pero la Corte sí requerirá de un ingenio adicional para justificar que la voluntad popular directa del pueblo haya sido suplantada por la voluntad indirecta del Congreso con la refrendación del acuerdo del Colón.
La Corte Constitucional era el último bastión de la separación de poderes. Yo personalmente no le haré luto: en la reciente encuesta de Pulso País, la Corte ya iguala su positivo con su negativo. Su crédito va por el despeñadero.
Lo único que pido es que no engañen al país. Aquí la rapidez legislativa se logra por otras vías. Pero incluso bajo el trámite ordinario se puede hacer la paz. El ‘fast Farck’ solo se necesita para obligar al Congreso a que actúe en condición de eunuco del Gobierno, y lo único que le está faltando a eso es la complicidad de la Corte Constitucional, que no demora.
Entre tanto... ¿Se atreverá el presidente Obama, como su último acto de gobierno, a soltar a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad?
MARÍA ISABEL RUEDA