En la mayoría de las discusiones sobre inversión es necesario conciliar entre los que están a favor y los que se oponen. Siempre hay intereses y opiniones irreconciliables, pero también priman racionalidades fundamentadas en criterios que no pocas veces son cuestionados. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay dos escuelas que comparten un interés sobre la relación entre la economía y la ley, pero que tienen apreciaciones radicalmente opuestas sobre cuál de las dos debe prevalecer en el análisis.
Una de ellas, la de la escuela de derecho de la Universidad de Chicago, adhiere a principios de libertad de mercados y utiliza criterios de economía neoclásica. Compite con este modelo el de la escuela de leyes de la Universidad de Yale, que está a favor de que el análisis económico se lleve a cabo dentro de las restricciones que impone la ley; y le adscribe a ella la responsabilidad de no perder de vista el aspecto humano o criterios como los de equidad y justicia. (Cass R. Sunstein, ‘Listen Economists’, ‘New York Review of Books’, 10-12-16).
En el debate vigente sobre el uso que se le debe dar a la tierra de la Reserva Forestal Regional del Norte de Bogotá D. C. ‘Thomas van der Hammen’ se observan elementos similares: de un lado están los ecologistas, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Universidad Nacional, el Instituto Humboldt, buena parte de la opinión pública ilustrada, la CAR y los enemigos políticos del actual alcalde Peñalosa, que sostienen que la recuperación de esta reserva, de 1.390 hectáreas de extensión, es indiscutible e inaplazable por sus condiciones de absorción de agua, preservación de especies y equilibrio ecológico.
En el otro están el Alcalde y su equipo, que dicen que estas afirmaciones no se basan en un análisis riguroso, que son enormes los recursos que se requieren para satisfacer las aspiraciones de tener una gran zona de integración ambiental (la inversión sería equivalente a construir y mantener 60 colegios públicos estelares en el Distrito), y que esta financiación solamente se podría conseguir si se genera una gran plusvalía.
Por otra parte, la Administración Distrital cree que mantener la reserva bloquea el desarrollo que se propone, cercano a 500.000 viviendas, y no se permitiría que se construyan las vías que se necesitan (los opositores no se oponen a ello, sin embargo). Se requeriría utilizar parte de los terrenos de la reserva, reformar sus linderos y reducirla radicalmente.
El Alcalde dice que puede garantizar terrenos de conservación ambiental de igual o superior extensión a los de la reserva, que conecten a los cerros con el río Bogotá, pero intercalados con las urbanizaciones. Son dos visiones competitivas, y por ahora irreconciliables, del norte de Bogotá y del futuro, ambas igualmente ambiciosas, atractivas y no exentas de que se cometan grandes errores.
ProBogotá ha hecho un detallado estudio de la situación y propone que se preserve y recupere la reserva ambiental, conectada con el río y la cordillera; construir las vías (ALO, extensión de la 50 y otras requeridas) y cumplir en la zona POZ, que se extiende a ambos lados de la Autopista hasta el peaje, y en la zona rural comprendida entre la reserva y el río Bogotá, con el sueño que tiene el Alcalde de desarrollar el borde norte y ofrecer cerca de medio millón de viviendas.
Quizás sea esta la solución de compromiso si finalmente encuentran que no son válidas las razones que ofrece el Alcalde para insistir, se obtiene la financiación y se desestima el riesgo de que la reserva se degrade o se desarrolle inadecuadamente en manos privadas. Los dos bandos tendrán que resignarse a negociar una solución distinta a paralizar el desarrollo o exportarlo a otros municipios.
RUDOLF HOMMES