Al revocar una condena que el Tribunal Administrativo del Cesar le impuso a la Nación para que le pagara una indemnización a un hombre que fue detenido injustamente, el Consejo de Estado determinó que no siempre quienes hayan sufrido la privación injusta de su libertad deben ser indemnizados.
El hombre fue capturado el 13 de agosto del 2005 en el Copey (Cesar), después de que la tía de una niña lo denunciara porque supuestamente había abusado de la menor de 13 años.
Aunque estuvo preso un año y dos meses, un juez de Valledupar lo absolvió ya que la Fiscalía no logró probar su culpabilidad. Uno de los hechos que más hizo dudar al juez fue que durante el interrogatorio la menor negó que el hombre, que era su padrastro, la hubiera agredido sexualmente.
El Consejo de Estado recuerda que el juez no encontró pruebas para condenarlo, a pesar de que durante el proceso el investigado admitió que “incurrió en la práctica de otro tipo de actos –como besos y caricias- de tipo erótico con su hijastra–, bajo la justificación (…) que la menor lo buscaba para divertirse”.
Por eso el alto tribunal indicó que aunque la Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad, y aunque estuvo un año detenido y finalmente fue absuelto, no puede ser indemnizado económicamente porque “actuó sin atender, proteger y preservar la libertad sexual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la niña, incluso si dichos actos hubieran sido consentidos por ella”. El fallo agrega que la conducta del implicado “es abiertamente dolosa desde el punto de vista civil, por lo cual está obligado a soportar el daño”.
El Consejo de Estado también le ordenó a la Fiscalía que adopte un protocolo para recibir las entrevistas de los niños y que implemente en todas sus seccionales una cámara de Gessel.
