En una decisión sin antecedentes, la Fiscalía se apresta a declarar como crimen de lesa humanidad la financiación de grupos paramilitares.
Este miércoles, en el debate en el Congreso sobre los recientes ataques contra líderes sociales, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que esa figura, la cual en la práctica impide que las investigaciones mueran por el paso del tiempo, se aplicará en el caso del Urabá, que durante más de 30 años fue escenario de varias de las peores masacres de los grupos ‘paras’.
La decisión se tomará en el marco de una investigación contra el bloque bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, y su fundamento son cuatro sentencias de la Corte Suprema de Justicia que, al revisar casos de Justicia y Paz, dijo que se puede aplicar la figura de lesa humanidad al delito de concierto para delinquir.
La prescripción de esa conducta ocurre entre los 8 y 12 años, que son las penas promedio aplicadas a los que se aliaron con grupos armados ilegales.
Entre 1987 y el 2006 se registraron 25 masacres en el Urabá antioqueño y chocoano, perpetradas por los paramilitares. Y aunque en Justicia y Paz se ha avanzado en la judicialización de los autores materiales, sigue pendiente el capítulo de quienes voluntariamente entregaron recursos que permitieron a las Auc expandir su poder por la mencionada estratégica región.
El fiscal Martínez Neira sostuvo que antes de que entre en vigencia la nueva Justicia Especial para la Paz (JEP), que por competencia asumirá todos estos casos, la Fiscalía espera avanzar en el esclarecimiento de “esos funestos hechos” y evitar “que queden en la impunidad”. Ese periodo puede rondar los 18 meses, mientras se aprueba legalmente la nueva jurisdicción y se implementa la reforma.
La Fiscalía ya tiene información para dar el paso. En Justicia y Paz están las declaraciones de jefes paramilitares como Raúl Hasbún (‘Pedro Bonito’), quien habló de 226 empresarios bananeros y ganaderos de Urabá que “financiaban de manera voluntaria” su bloque, el ‘bananero’, y el de Freddy Rendón Herrera, el ‘Alemán’.
Otros jefes de las Auc como Salvatore Mancuso y Éver Veloza, ‘H. H.’, también señalaron a compañías bananeras y de la palma como presuntos financiadores no forzados del proyecto paramilitar, cuya expansión permitió la compra masiva de tierras en algunas zonas de Antioquia y Chocó.
Desde su posesión, hace cuatro meses, el fiscal Martínez Neira les ha insistido a sus funcionarios en que pongan el acelerador a las investigaciones en las que estén enredados empresarios que aportaron voluntariamente dineros a los grupos armados ilegales, cuyo capítulo es uno de los menos explorados por la justicia. A salvo de los procesos quedarían las personas que fueron obligadas a entregar recursos a los actores del conflicto.
Stella Aponte, abogada de la fundación Reiniciar, que representa a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, dijo este miércoles que la justicia aún tiene una deuda por aclarar y es quién financió esa escalada sistemática de crímenes. De hecho, Urabá fue una de las regiones del país donde más ataques se registraron contra la UP.
¿Qué era el bloque bananero?
Con 447 integrantes, el bloque bananero de las autodefensas, comandado por Hebert Veloza, alias
H. H., sembró el terror en el Urabá antioqueño. El llamado ‘Bloque Bananero’ era una red criminal que venía delinquiendo desde 1995 y que terminó desmovilizandose con ese nombre en el 2004.
Desde Turbo hasta Belén de Bajirá, el bloque perpetró masacres, desplazamientos forzados y asesinatos.
Al menos 139 ‘exparas’ del grupo, postulados a la ley de Justicia y Paz, contaron cómo operaba. Y ‘H. H.’ confesó que fue responsable de 347 hechos delictivos cuando comandaba esa estructura y dio cuenta de otros 1.500 hechos cometidos por sus subalternos. En esa zona, según las investigaciones de la Fiscalía, Veloza también fue responsable de abusos sexuales a mujeres. Se han documentado al menos 44 casos de violencia de género.
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