La Personería de Bogotá evidenció este miércoles que la construcción del CAI ubicado en el costado oriental de la carrera Séptima con calle 245 no contó con los estudios previos exigidos, razón por la cual tendrá que ser demolido por ampliaciones en la vía donde fue construido.
De acuerdo con la entidad, desde 1994 existe una concesión denominada Devinorte que incluye la ampliación de los sectores de la Autopista Norte (peaje Los Andes) y la carrera Séptima desde la Calle 245 hasta La Caro.
Dicho proyecto contempla la ampliación de la Séptima a doble calzada, con una longitud aproximada de 4,8 km, pero el Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad al frente de la obra, nunca consultó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para ejecutar la construcción del CAI.
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Pese a esto, el Fondo de Vigilancia y Seguridad decidió adelantar la obra y el 30 de diciembre de 2014 fue adjudicada al Consorcio Construcciones Institucionales, que hizo la entrega del CAI el 21 de septiembre de 2015. Doce días después la Policía Metropolitana se negó a recibir el inmueble porque presentaba varias irregularidades.
En primer lugar, la entrega tuvo un retraso de 64 días, además, la vía de acceso peatonal no estaba terminada y no se diseñaron rampas de acceso vehicular. No contaba con servicios públicos, ni con los medidores de energía y agua, y el vidrio blindado de la puerta principal presenta una fisura.
La Personería comprobó que el lote no cuenta con redes de acueducto ni de alcantarillado, por lo que se hacía necesaria la construcción de pozos sépticos y tanques de almacenamiento de agua, aspecto que no se tuvo en cuenta.
Pero este no es el primer escándalo del ya polémico Fondo de Vigilancia y Seguridad, por el que pasaron seis gerentes en cuatro años. En 2012 fue cuestionado por la adquisición de 100 motos eléctricas por valor de $4.000 millones que tuvieron múltiples fallas, hecho que terminó en la destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos del entonces gerente César Augusto Manrique.
En 2015, la Contraloría advirtió sobre las 538 cámaras que debían instalarse en colegios, de las cuales solo 333 se instalaron y 115 de ellas reportaron fallas.
Por estos y otros escándalos, el Fondo de Vigilancia y Seguridad fue liquidado el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, las responsabilidades de esta entidad pasaron a ser competencia de la naciente Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, que según María Paulina Bernal, Coordinadora de comunicaciones, deberá dar solución a los temas pendientes de la extinta entidad e investigará a quién se requiera.
Frente a este caso, la Personería ya inició una actuación disciplinaria para determinar los responsables.
DEISY ALEJANDRA ÁVILA
Escuela de Periodismo EL TIEMPO