Hechos como el secuestro y asesinato de la niña Yuliana Andrea nos ponen ante la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia, y ante la indiferencia que tenemos todos, autoridades y ciudadanos, frente a este grave problema, origen y alimento de la violencia en el país.
En Colombia, durante el 2015 hubo 59.545 casos de violencia grave contra NNA, entre muertes violentas (homicidios, suicidios y muertes en accidentes de tránsito y accidentales), desaparecidos y lesiones no fatales (delitos sexuales, violencia interpersonal, de pareja y lesiones en accidentes de tránsito), cifras que deberían preocupar mucho más a las autoridades por el alto subregistro existente, que en algunos casos puede superar el 70 por ciento.
De acuerdo con datos reportados por Medicina Legal, en el 2015 hubo 2.275 muertes violentas de NNA, que representan el 9,2 por ciento del total de casos registrados en Colombia en ese año (24.681 muertes violentas); 917 NNA fueron asesinados, 219 se suicidaron, 473 fallecieron en accidentes de tránsito, 501 tuvieron muertes accidentales y hubo 165 casos sin poder determinar el tipo de muerte violenta.
Durante el 2015 también hubo 54.221 lesiones no letales contra NNA, de las cuales 19.181 fueron delitos sexuales; 18.233, lesiones por violencia interpersonal; 1.371, violencia de pareja; 10.432, violencia contra NNA, y 5.004, lesiones en accidentes de tránsito. Aquí hay que anotar que, exceptuando delitos sexuales y lesiones en accidentes de tránsito, muchas lesiones no fatales contra NNA terminan siendo catalogadas por las autoridades como violencia intrafamiliar, que en nuestros códigos no son tipificadas como delitos, cuando, por la gravedad de las lesiones infligidas, la mayoría se deberían catalogar como intentos de homicidio.
En el 2015 hubo 3.049 desaparecidos, que representan el 42 por ciento del total de casos registrados ese año (7.310). Algunos podrían estar asociados a trata de personas orientada hacia la explotación sexual. Según expertos, un NNA desaparecido luego de unas pocas horas es muy difícil de encontrar, o el desenlace es fatal. En este caso las autoridades, con el permiso de los padres, podrían difundir la foto de los menores para que inmediatamente los busquen las autoridades, en especial la Policía, en sus labores rutinarias de vigilancia y seguridad. No hay que esperar más de 24 horas para buscar a los NNA, como algunas autoridades sostienen.
Más que la pobreza, uno de los orígenes más importantes de nuestra violencia está en aquella contra NNA y mujeres. En este sentido, muchos de los esfuerzos que el Estado debe realizar tienen que orientarse a atender esta problemática desde el punto vista preventivo, pero también desde el ámbito del control que dan las leyes y normas, a través de las instituciones con esta función: comisarías de familia, inspectores de familia, jueces, Fiscalía, Policía y todos los funcionarios que tienen la obligación de garantizar la seguridad de todos, como son el Presidente, los alcaldes y los gobernadores.
A nivel nacional falta una política pública de Estado para atender esta problemática, que debe dejar de ser una preocupación solo de la primera dama y el ICBF para convertirse en tema central de la agenda del Presidente, del Fiscal General de la Nación, de alcaldes, gobernadores y demás instituciones de seguridad y justicia.
Finalmente, hay que crear estructuras de investigación criminal especializadas para atender la violencia contra NNA. Hoy no se cuenta con fiscales dedicados a estos temas; la Policía de Infancia y Adolescencia hace muchos esfuerzos a pesar de su reducido número, y falta trabajo coordinado entre estas dos instituciones para atender esta problemática y reducir el alto nivel de impunidad que existe en este campo.
Hugo Acero Velásquez