Todos los meses en Colombia se celebran fiestas populares en las que es normal el uso de pólvora, pero son las celebraciones de navidad y fin de año las que disparan los incidentes presentados por el manejo indebido de la misma.
Al respecto, la mayoría de medidas adoptadas por las autoridades están orientadas a la prohibición de la producción y venta de los artículos pirotécnicos, y muchas veces se dejan de lado mecanismos culturales y pedagógicos como herramientas para fomentar la responsabilidad y la conciencia ciudadana.
Para Omar Urán, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia “estamos ante un problema muy complejo de cómo nos celebramos, cómo festejamos la vida, cómo descansamos de lo cotidiano”; y para ayudar a atenuarlo “los diseñadores de políticas públicas, deben formular campañas ciudadanas no solo sobre los riesgos en la salud, sino sobre el respeto del otro. Invitar a reflexión de cómo podemos vivir la alegría sin violentar al otro”.
Las cifras de lesionados con pólvora en el 2014 y 2015 demuestran que la implementación de medidas restrictivas como mecanismo principal para prevenir la accidentalidad a causa de su uso irresponsable no han disminuido considerablemente el número de quemados.
En la temporada de final de año de 2014, se presentaron 958 casos de quemados, de los cuales 480 fueron menores de edad. Y en el 2015 fueron registrados 949 casos, de los cuales 393 correspondieron a menores de edad. En ambos casos la región con mayor número de lesionados fue Antioquia.
“Cuando no se entiende bien el problema, a lo primero que recurrimos es a la ley”: Urán
Desde el año 1979 el Estado, a través de la Ley 9 de ese año, emitió una serie de directrices para a la fabricación, comercialización, transporte y uso de artículos pirotécnicos, a los que calificó como ‘sustancias peligrosas’.
Posteriormente el Ministerio de Salud a través de la Resolución 4709 de 1995, estableció algunas medidas de carácter sanitario y prohibió la fabricación, comercialización y uso de artículos en cuya composición estuviera el fósforo blanco, entre ellos, los conocidos “totes”
Pero, a pesar de esta prohibición, los denominados “totes” se siguen vendiendo y causan aproximadamente el 32% de las lesiones, según un Informe del Instituto Nacional de Salud.
En ese contexto, en el año 1995, también, la Alcaldía de Bogotá en cabeza de Antanas Mockus formuló una política de prevención enmarcada en el principio de protección de la vida y la integridad física de los ciudadanos, con la que buscaba estimular un sentimiento genuino de responsabilidad ciudadana a la hora de manipular artículos pirotécnicos.
Para esto promovió programas de autorregulación para invitar a la ciudadanía a usar la pólvora de manera responsable, pero ante los altos niveles de producción ilegal de pólvora y la ocurrencia del primer caso de un menor de edad con quemaduras, el Gobierno Distrital emitió el Decreto 791 en el cual prohibió la venta y uso de pólvora.
Con esa campaña, que tuvo como ejes tanto las acciones restrictivas y de control administrativo, como las pedagógicas y de responsabilidad ciudadana, la ciudad obtuvo muy buenos resultados. En esa navidad en Bogotá la pólvora no ocasionó muertes de niños y los heridos bajaron de 127 a 46. En la navidad de 1996 tampoco hubo muertos y los heridos se redujeron a 41.
En 1999, tras reclamaciones del gremio de los polvoreros, el Consejo de Estado determinó que los alcaldes no tenían la potestad para prohibir la fabricación, almacenamiento, transporte y uso de la pólvora. Pero en el año 2001 mediante la Ley 670, se autorizó a todas las autoridades para regular el uso y la distribución de artículos pirotécnicos y adoptar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes.
Sin embargo, pese a este esfuerzo normativo para la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora, solo en la época de fin de año diciembre-enero de los últimos cinco años, el número de casos de lesionados por pólvora se ha mantenido en promedio en 950.
La complejidad del fenómeno polvorero
A menudo sucede que las acciones de regulación efectuadas por las autoridades no son permanentes sino que se toman en la temporada de fin de año, y además no son aplicadas en todos los municipios.
Producto de ello, las personas optan por comprar la pólvora en los municipios cercanos a las grandes ciudades y transportarla de manera camuflada a la ciudad sin las medidas de seguridad necesarias.
De otro lado, el gremio polvorero propone que las autoridades autoricen, reglamenten y controlen la actividad de la pirotecnia para evitar accidentes y al mismo tiempo se desmitifique su labor.
Fredy García, presidente de la Federación Nacional de Pirotecnia (Fenalpi), señala que “el problema es que no hay tiendas autorizadas, reglamentadas y controladas en donde se puedan vender productos de alta tecnología, entonces la gente se va a la clandestinidad a conseguir los productos tradicionales que toda la vida han generado los accidentes. No tiene sentido que los pirotécnicos responsables importemos, fabriquemos, generemos impuestos, generemos empleos y en diciembre la Policía salga a la persecución a decomisarnos absolutamente todo”.
Un factor más que aporta a la complejidad de este asunto, es que tradicionalmente los colombianos hemos introducido la pólvora en nuestros espacios de celebración y festejo. La región del país en donde es más evidente es en Antioquia.
Algunos han asociado esta práctica con diversas demostraciones de poder, especialmente de poder ilegal, pues los líderes del narcotráfico solían celebrar con pólvora cada vez que ‘coronaban’ un cargamento. Por lo que este artefacto de la cultura se ha convertido en “un método de comunicarle a alguien que yo gané y tengo un poder sobre el otro”, explica Urán.
Ni la ley, ni la pedagogía solas sirven
La problemática de la pólvora es un entramado de hilos sociales, culturales y políticos que exige por parte de las autoridades una atención priorizada para que desde la autorregulación y la responsabilidad ciudadana primero y la supervición de los órganos rectores después, se puedan elaborar rutas de acción efectivas no solo para prevenir los accidentes con pólvora, sino para generar un ambiente de libertad ciudadana, en el marco de la responsabilidad y el respeto por el otro.
DEISY ALEJANDRA ÁVILA
ELTIEMPO.COM