Más de 1.300 millones de pesos deberán ser cancelados por la Nación en favor de un hombre que fue secuestrado por la columna Teófilo Forero, de las Farc, la noche del 24 de febrero de 2004, en Neiva (Huila).
De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, proferido este martes, ese día, hombres armados, vestidos con prendas militares, llegaron a los puestos de vigilancia del edificio Altos de Manzanillo y del condominio Casa Blanca para realizar un supuesto allanamiento, pero como los porteros no autorizaron su ingreso, entonces utilizaron explosivos para abrir las cerraduras. Posteriormente, con lista en mano, sacaron a 3 personas de sus casas y las secuestraron.
El demandante, quien fue una de las víctimas, permaneció en cautiverio cerca de 18 meses en condiciones infrahumanas, hasta que el 26 de agosto de 2005 fue liberado luego de haber llegado a "un acuerdo económico para obtener su rescate por la suma de 400 millones de pesos".
Las pruebas aportadas al proceso señalan que, días antes del secuestro, en los conjuntos residenciales donde ocurrieron los hechos, se realizó una reunión con empresarios del Huila y miembros de la Fuerza Pública en la que se informaba del riesgo de un nuevo secuestro masivo, como el ocurrido en el año 2001 en el edificio Miraflores, de Neiva, “pese a lo cual no se adoptaron medidas eficaces para contrarrestarlo”.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, señaló que el hecho de que la Nación hubiera conocido la situación de riesgo “imponía a la Fuerza Pública el deber de garantizar su seguridad, pero las medidas que se adoptaron, como la realización de patrullajes esporádicos en motocicleta, resultaron insuficientes frente a la gravedad de la amenaza”.
La Sala asegura que la reacción de la Fuerza Pública “fue tardía e ineficaz, pues, una vez se produjo el secuestro, la Policía Nacional se limitó a enviar una patrulla en motocicleta para verificar la situación y, posteriormente, se envió otro grupo de patrullas a bordo de motocicletas con escaso armamento para repeler la acción”.
Agrega que los refuerzos del Gaula del Ejército “sólo llegaron 35 minutos después de ocurridos los hechos y cuando los miembros de las Farc habían huido”.
En la sentencia se hace un llamado a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para que este proceso sea tenido en cuenta en las investigaciones que se adelanten por estos hechos, en caso de no existir ya un fallo, por razón de las posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las que hubieren incurrido quienes participaron en el secuestro.
Asimismo, se ordenó enviar copia de la sentencia al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación, con el fin de que haga parte de su registro, y contribuya a la construcción documental del país, que busca preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia, entre otras medidas.
IBAGUÉ