La Contraloría General encontró 36 graves hallazgos fiscales en el millonario contrato para la ampliación de la refinería de Cartagena (El daño fiscal fue estimado en 8,5 billones de pesos (2.879 millones de dólares).
Esta cifra, según la Contraloría es de 6 veces el daño fiscal de Saludcoop, el más grande del país hasta ahora, que fue de $1.4 billones de pesos.
La auditoría se realizó entre el 28 de enero y el 30 de septiembre seleccionando 177 subcontratos y encontró que de los US$2.879 millones de hallazgos fiscales, unos USD$943 millones (32%) corresponden a posibles irregularidades en contratación. “Se incumplió lo indicado por los documentos. Se iniciaron obras sin diseños y solo cuando ya se había construido el 52 por ciento del proyecto se tuvieron los estudios definitivos”, señaló el contralor Edgardo Maya.
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Según el informe, Glencore no certificó experiencia en el desarrollo de proyectos de refinación. “No tenía la experticia y conocimiento del negocio”. Pese a esto el 3 de noviembre de 2006 recibe la adjudicación quedándose con el 51 por ciento de la participación accionaria de la Refinería de Cartagena.
Esta firma presentó una lista de proveedores. En enero de 2009 indicó la fecha estimada de entrega y los costos. Luego argumentó “dificultades insuperables” y manifestó su intención de retirarse del proyecto y fue autorizada por Ecopetrol. Pese a las penalidades por incumplimiento no se hicieron efectivas.
En el año 2007 se realiza el primer contrato con CB&I Américas, quien tampoco evidenció experiencia en ingeniería para el proyecto.
Además se cuestionó que algunas obras se tuvieron que demoler, no se tenía lista la adecuación de los sitios, deficiencias en los diseños, falta de planeación y coordinación en los proyectos.
Uno de los casos más representativos es el del incremento por servicios de andamiaje. El contrato inicial era de 23 millones de dólares, pero hubo un incremento del 675 por ciento. Por lo que se tuvo que pagar 135 millones de dólares.
Se pagaron, dice la Contraloría, 724 millones por 30 buses que nunca se usaron, 45 millones por el arriendo de unas volquetas, 63 millones por daños en los servicios en el aeropuerto de Texas, pagos por servicios de alimentos superiores a 15 millones de pesos y sobrecostos en contratos de unidades de baño portátil por 9.597 millones de pesos.
En total son 1.936 millones de dólares que no ingresaron al patrimonio del Estado por la demora de 27 meses del proyecto
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