La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales al ex secretario de Educación y ex jefe de la oficina de Planeación de la Gobernación del Magdalena, Antonio Matera, investigado por las presuntas irregularidades en un contrato por 18.531 millones de pesos suscrito con la Fundación para el Servicio Social y Empresarial del Caribe (Servimas) en la anterior administración.
Matera, quien tenía una orden de captura desde septiembre, se entregó el pasado viernes en las instalaciones del CTI en Santa Marta. Ese día también se presentaron ante las autoridades el representante legal de Servimas John Macías Sierra y la funcionaria de la Gobernación Dubys Esther Zagarra, encargada de la supervisión del contrato.
Matera y Macías están recluidos desde el fin de semana en la clínica La Milagrosa de la ciudad porque sufrieron problemas cardiovasculares. Allí un juez de control de garantías hizo las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos. La audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada para el próximo viernes.
Zagarra, quien está detenida en las instalaciones del CTI, deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y peculado por apropiación; y Macías por enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y peculado por apropiación.
El contrato investigado fue suscrito el 2 de julio de 2013, cuando Antonio Matera se desempeñaba como secretario de Educación departamental en la administración de Luis Miguel Cotes. El objeto era la prestación del servicio educativo a más de 15.000 niños del departamento que no aparecen registrados en el Sistema Integrado de Matrículas (Simat) del Ministerio de Educación y que no reciben estudio en colegios privados o públicos.
Un informe de El Espectador reveló que fiscales de la Unidad Anticorrupción establecieron múltiples irregularidades en el proceso de contratación y que más de 6.000 millones se perdieron. “Su tesis es que hubo un “acuerdo de voluntades” entre funcionarios de la Secretaría de Educación y particulares de Servimas para defraudar al Estado”.
Servimas presuntamente presentó documentos adulterados para justificar la inversión de ese dinero y Zagarra habría elaborado informes de ejecución y certificados de cumplimiento falsos que sirvieron de soporte para desembolsarle a dicha empresa los 18.000 millones de pesos.
Matera autorizó los pagos al contratista pese a que una interventoría de la Universidad del Atlántico advirtió serias anomalías y señaló que le resultó imposible el seguimiento del proceso, pues Servimas jamás entregó la información solicitada.
Las autoridades consideran que Matera estaba al tanto de toda la cadena de irregularidades e hizo caso omiso de su deber de garantizar la transparencia de los recursos públicos.