Mes a mes, 35 municipios de Cundinamarca le giran a Codensa S. A. cerca de 600 millones de pesos por un singular alquiler: el de los postes de toda la red del alumbrado público.
Se calcula que, por ese concepto, las alcaldías de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Tabio, Suesca, La Mesa, Madrid, Tenjo, Sopó, Sesquilé, Nemocón, Yacopí, Viotá, La Palma, Zipacón, Simijaca y El Rosal, han desembolsado más de 73.000 millones de pesos en los últimos 15 años. Y están atados a seguir pagando por ese mismo servicio hasta el 2030 luego de que exmandatarios locales pactaran con Codensa prórrogas por ese lapso e incluso hasta el 2036.
Aunque nadie se ha quejado por los desembolsos, el contralor de Cundinamarca, Ricardo López, acaba de conminar a la empresa a que se abstenga de seguir cobrando el alquiler. La instrucción le fue impartida a David Acosta, representante legal de Condensa, luego de sostener varias mesas de trabajo en las que la empresa intentó justificar su modelo contractual.
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Codensa no tiene dudas de que los municipios deben pagar por el uso de su infraestructura de alumbrado público y por la prestación de los servicios de mantenimiento, modernización (o repotenciación) y expansión de las redes. Pero para el contralor de Cundinamarca, este modelo tiene vacíos legales de fondo.
“Un poste tiene una vida útil de 30 años. ¿Cuántas veces le vamos a pagar a Codensa por esos postes? ¿Cuántos se hubieran podido comprar con el dinero que se ha pagado? ¿Cada cuánto repotencializa y expande las redes?”, se pregunta López quien decidió ir más allá.
El Contralor acaba de interponer una acción popular en la que le está pidiendo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declare ilegal el cobro. La Contraloría también busca que los contratos entre Codensa y los municipios se reconozcan como de concesión y no de arrendamiento, lo cual daría derecho a hacer efectiva una cláusula de reversión.
Además, que Codensa tenga que reconocer la titularidad de toda la infraestructura a favor de los municipios, desde los postes de la luz hasta las luminarias.
La defensa de Codensa
Codensa le respondió a EL TIEMPO que aún no ha sido notificada. Y que cuando reciba el aviso, entrarían a revisar la información para dar respuesta.
La empresa añadió que la ley colombiana establece diferentes modalidades de contratación para el alumbrado público en el país y que todas las opciones son válidas para que cada municipio estime cuál es la más conveniente. Codensa argumentó además que la infraestructura es de su “propiedad exclusiva” y que por eso los contratos incluyen el arrendamiento.
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