Paúl Ernesto Góngora Solís, un exsuboficial de la Armada que salió de la institución luego de un proceso disciplinario, es señalado por la Fiscalía como el líder de una red de corrupción dentro de esa institución.
La investigación se inició con datos aportados por contrainteligencia de la Unidad Naval del Pacífico, que había detectado irregularidades en operativos contra redes de narcotraficantes que se mueven en la zona.
Esa alerta permitió llegar a Góngora Solís, que sería el enlace de los uniformados capturados con redes de traficantes del Valle del Cauca y que a pesar de haber salido de la Armada, al parecer, seguía teniendo vínculos con los suboficiales que eran trasladados al puesto de control e interdicción en Tumaco (Nariño).
La Fiscalía señaló que también es clave en la investigación una abogada que, dice el expediente, identificaba a los uniformados que podían ser reclutados por la organización.
Fuentes del ente acusador señalaron que aunque la investigación está vinculada a hechos registrados en el último año, hay evidencias de que la red venía funcionando antes y que varios de los enredados ya habrán sido trasladados a otros puntos de control.
Investigadores señalaron que cada uniformado recibía entre uno y cinco millones de pesos semanales. Se investigan siete hechos puntuales en los que en plena operación naves de la Armada se quedaron sin gasolina o presentaron fallas mecánicas.
Se evidenció que esos hechos no fueron casuales y que en realidad fueron parte de un plan para facilitar los movimientos de droga, combustible y hasta armas por la zona.
Incluso se detectó que algunos de los siete capturados, entre ellos cuatro uniformados, eran comandantes de las patrulleras costeras y hacían cambiar de rumbo las embarcaciones para no estar cerca de las lanchas rápidas usadas para mover la droga.
El director de Fiscalías Seccionales del Cauca, Raúl González, sostuvo que el operativo permitió desmantelar una parte importante de la red que se había establecido en Tumaco (Nariño), pero que se proyectaba desde Guapi (Cauca) hasta Ecuador. Esa red, dijo, habría logrado “permear la estructura militar para obtener información de operaciones terrestres y marítimas en contra de las organizaciones al servicio del narcotráfico, así como la ubicación de los buques en altamar y lanchas rápidas operativas de la Estación de Guardacostas”.
Gracias a la información obtenida a través de interceptaciones telefónicas se logró evitar el paso de cargamentos de droga hacia Centroamérica, entre estos un alijo con 700 kilos de cocaína que llevaban a través del Pacífico y que estuvo a punto de salir del radar de las autoridades nacionales.
A los capturados, la Fiscalía les imputaba cargos este lunes ante un juez de Tumaco (Nariño).
Segundo operativo de contrainteligencia
La captura de cuatro militares señalados de estar en la nómina de redes criminales es el segundo caso de corrupción que enreda a uniformados en menos de 10 días.
La primera operación se registró el 20 de noviembre, cuando labores de contrainteligencia permitieron capturar a 20 miembros activos y retirados del Ejército señalados de hacer parte de una red que saqueaba la Unidad de Sanidad de esa institución castrense.
Los detenidos, 17 militares retirados y tres activos, recibían dinero, en procesos de pago de pensión por invalidez en casos en los que no tenían derecho a ese beneficio. En ese caso hay 39 personas capturadas en tres fases de investigación.
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