Este lunes se debería conocer el texto modificado de la reforma tributaria que fue radicada por el Gobierno en el Capitolio a mediados de noviembre. Como es usual, el tema ha sido objeto de una intensa polémica y la iniciativa gubernamental recibió no pocos ataques.
La propuesta oficial tuvo como base el trabajo de la Comisión de Expertos independientes cuyo reporte fue entregado a finales del 2015. Al respecto, EL TIEMPO habló con el exministro Guillermo Perry, integrante de dicho cuerpo colegiado.
Estamos en la recta final de la reforma tributaria y están saliendo toda suerte de críticas y alternativas. Para comenzar, muchos congresistas, incluyendo al Centro Democrático, se oponen al aumento de IVA porque dicen que es regresivo, o sea que castiga más a los pobres que a los ricos…
El IVA en Colombia no es ni progresivo ni regresivo, en cuanto no grava muchos bienes de consumo popular. Lo cierto es que todos preferiríamos no tener que aumentarlo, si hubiera una mejor alternativa. Pero esa es la verdadera pregunta para los que se oponen: ¿cuál es la alternativa?
La humanidad solo se ha inventado tres impuestos muy progresivos, que gravan mucho más a los ricos que a los pobres: a la renta, a la propiedad o al patrimonio de las personas naturales.
No veo que ni el Centro Democrático ni ninguno de los congresistas que se opone al aumento del IVA esté proponiendo un mayor impuesto a la renta de las personas naturales o el restablecimiento del impuesto al patrimonio.
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¿Cuál es el riesgo?
No veo mucho menos que esos parlamentarios estén dispuestos a que se reduzcan las transferencias para salud o educación pública a los departamentos, lo que pasaría si no se repone la caída de ingresos petroleros, puesto que esas transferencias están atadas al promedio de ingresos del Gobierno Nacional los últimos cuatro años. ¡Eso sí que sería regresivo, pues perjudicaría mucho a los pobres y no afectaría a los ricos, quienes no envían a sus hijos ni a las escuelas ni a los puestos de salud públicos! Por esa razón el Partido Liberal votó su aumento al 16 por ciento en 1995.
Horacio Serpa, que era ministro de Gobierno, me ayudo a convencer al partido de que apoyara este IVA Social, como se le llamó. Todos saben que se requiere un aumento al recaudo, pero adoptan cómodas posiciones populistas en cuanto a cómo lograrlo.
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Pero el Centro Democrático y algunos analistas dicen que subir el IVA es lo más inconveniente en el momento de fragilidad económica que vive el país. ¿Qué les dice?
Que repasen sus cursos de economía. La economía colombiana tiene hoy una gran vulnerabilidad: un déficit externo muy alto, el mayor en la región, que se puede volver imposible de financiar en cualquier momento si la Reserva Federal en Estados Unidos sube las tasas de interés o si perdemos el grado de inversión. Ese déficit implica que estamos importando mucho más de lo que exportamos. Un impuesto al consumo como el IVA, ayuda a limitar el desbalance porque reduce las importaciones y no afecta las exportaciones.
¿Puede ser más preciso?
Si no cerramos el hueco y no cumplimos la regla fiscal, como todos queremos y lo ha exigido el Centro Democrático, nos quitarían el grado de inversión, no podríamos financiar el déficit externo y probablemente nos sumiríamos en una recesión, como ya le pasó a Brasil por incumplir sus metas fiscales.
En otras palabras, lo que sería muy inconveniente en las actuales circunstancias sería incumplir la regla fiscal o cumplirla sin bajar el impuesto a las empresas, pues entonces no tendríamos la inversión requerida para que la industria y la agricultura se expandan con rapidez, cerrando el déficit externo y recuperando el crecimiento económico.
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Vamos a eso. La Andi y otros gremios dicen que los impuestos a las empresas seguirán muy altos y no serán competitivos con la propuesta, mientras que muchos congresistas no quieren bajarlos para no tener que subir tanto el IVA. ¿Quién tiene razón?
Ninguno de los dos lados. Para comenzar, un impuesto a las empresas del 32 por ciento y un impuesto a los dividendos del 10 por ciento, aun si fuera correcto sumarlos –pues es como sumar peras y manzanas– darían una carga total de 35,2 por ciento si la distribución de utilidades después de impuestos es del 50 por ciento que es el promedio colombiano. Esa cifra sale de aplicar el 10 por ciento a la mitad de las utilidades que se pueden distribuir: el 68 por ciento, pues el 32 se va en impuestos.
El máximo teórico sería del 38,8 por ciento si se distribuye el ciento por ciento de las utilidades, lo que nunca sucede. Pues resulta que las publicaciones de la Ocde que consultó la Comisión muestran que el efecto conjunto de los dos es en promedio de 42 por ciento en la Ocde y de cerca al 40 en Chile y México. Casi todos los países gravan los dividendos y los que tienen tasas más bajas a las empresas, como Chile, por lo general, los gravan mucho más que lo que se propone en Colombia. El gravamen conjunto en Colombia sería menor al promedio de la Ocde y a Chile y México. No se puede decir que no seríamos competitivos. Pero tampoco es cierto que seríamos los más competitivos. Por eso tampoco deben ser superiores a lo propuesto.
¿Se podría ir más allá?
Otra discusión es qué tanto estamos bajando. Eso depende de con qué comparemos. Si lo hacemos con el 43 por ciento que da hoy la renta, más Cree y más sobretasa Cree, para muchas empresas, estamos bajando bastante. Si se compara con el 34 por ciento que había antes del 2014 no. ¡Pero antes del 2014 había impuesto al patrimonio de las empresas y no había que sustituir una caída de ingresos petroleros! Esa comparación no parece adecuada. Lo que sí parece ser cierto es que los impuestos a las empresas pueden subir en la transición propuesta por el Gobierno.
Creo que fue un error del proyecto del Ministerio de Hacienda no bajar al 32 por ciento de una, sino proponer 2 años de transición, hasta el final de este gobierno. Eso no alivia la inversión inmediatamente y le suena a muchos a conejo, pues piensan que el próximo Gobierno no dejará que bajen al 32. Debería eliminarse la transición. Ha causado mucha inconformidad.
Pasemos a otro tema: los dividendos. Muchos preferirían que no les pongan impuesto a los dividendos, y que más bien dejen la tasa a las empresas en 34 % o 35 %. Analistas como Santiago Pardo dicen que solo lo van a pagar los pequeños accionistas.
Distingamos. La mayoría de las personas más pudientes en Colombia, cuyos ingresos son en una altísima proporción dividendos, participaciones de empresas y ganancias de capital, preferirían que los dejaran como antes: o sea, no pagando casi nada, como los asociados de Picketty han demostrado que sucede acá, al igual que en los EE. UU. Prefieren que paguen las empresas.
De otra parte, en medio de su larga y acerba diatriba contra la eliminación o reducción de exenciones y privilegios a las empresas que asesora, Pardo tiene dos puntos válidos. Uno es que el Gobierno se equivocó al no adoptar la recomendación de la Comisión de gravar los dividendos recibidos por empresas cerradas, pues eso permitirá a muchas personas de ingresos altos eludir el gravamen a los dividendos. Tiene razón. El Gobierno podría quedarse sin el pecado y sin el género.
El otro es que el Gobierno debió adoptar la recomendación de la Comisión de hacer muy pocas correcciones a las normas de contabilidad internacional (NIIF).
El Gobierno introdujo demasiadas correcciones porque negoció la base gravable con cada gremio. Eso le puede costar mucho en términos de costos de administración y recaudo.
Otro tema, ¿por qué hay tanta oposición al impuesto verde a los combustibles?
Parte de la derecha colombiana no cree que haya calentamiento global, como tampoco lo cree Trump. La Comisión demostró que en Colombia son muy bajos en comparación con los países serios. Por supuesto que en Venezuela y Ecuador son aún más bajos, pero no queremos ese tipo de populismos, ¿o sí? Por tanto, la Comisión propuso un aumento inicial del 30 por ciento y gravar el carbón con IVA. El Gobierno fue aún más tímido. Debe recordarse, además, que los impuestos a los combustibles son progresivos: los pobres no tienen carro y quienes usamos dos o más autos en la familia debemos pagar más.
El Centro Democrático critica también las limitaciones a las entidades sin ánimo de lucro…
Parece que no leyeron nuestro informe. Hay dos tipos de ONG: las que lo son de verdad y hacen actividades meritorias. Esas conservan todos sus privilegios tributarios; y las que tienen dueños que obtienen lucro de ellas por distintos medios, incluyendo ONG de grupos empresariales que solamente sirven para eludir impuestos y de políticos corruptos que aprovechan los privilegios que a mala hora se les dieron a estas organizaciones para contratar con el Estado, para robarse los almuerzos de los niños de las escuelas públicas. ¿Quieren, acaso, que las del segundo grupo, que son muchas, sigan exentas?
No se puede dejar de mencionar la oposición al impuesto a las gaseosas y bebidas azucaradas
La Organización Mundial de la Salud recomienda este impuesto por las mismas razones que recomienda el gravamen a las cervezas, los licores y el cigarrillo. Como todos esos consumos hacen daño a la salud, le cuestan mucho al Estado en tratamientos. El impuesto tiene un doble propósito: desestimular su consumo –lo cual debe hacerse principalmente mediante campañas educativas– y, en la medida que no lo logre, recabar recursos para cubrir los gastos que le ocasionan al sistema. Es verdaderamente lamentable que el poder del dinero se imponga contra estas sanas recomendaciones de la OMS y que varios gremios y políticos hayan hecho de este tema un casus belli. Hay mejores causas.
Usted ha sido muy crítico de las propuestas del Centro Democrático en este reportaje.
En realidad ellos están siendo políticamente coherentes. Como, desafortunadamente para el país, decidieron jugarse su futuro político en contra de la paz, ahora les conviene que el posconflicto fracase. Y es más probable que fracase si el Estado no tiene recursos y si el posconflicto se desarrolla en medio de una crisis fiscal y económica. Por eso hacen propuestas que no permitirían ni cumplir con la regla fiscal, a la que tanto apego dicen tener, ni financiar el posconflicto.
Los que no son políticamente coherentes son aquellos que apoyan la paz y, al mismo tiempo, quieren negarle al Gobierno recursos para el posconflicto y para mantener los gastos sociales.
Todos ellos quieren salir en la foto histórica de la paz, pero muchos le sacan el cuerpo a la reforma tributaria de la que depende su buen éxito. Santos debería intervenir más, citar a los partidos que apoyan la paz y exigirles coherencia. Hay que salir en ambas fotos. Alguna vez César Gaviria me dijo que si los presidentes no se involucran resulta muy difícil sacar una buena reforma tributaria, dada la complejidad de intereses políticos y privados. Siempre ha sido así. Y esta vez no es la excepción.
RICARDO ÁVILA PINTO
Director de Portafolio