Busqué su nombre en las noticias, pero parecía que la niña del balón no tenía nombre. La llamaron ‘la niña embera’ o la niña indígena, como si la denominación de origen fuera toda su identidad, como si bastara con decir la niña caucásica, afro o paisa para referirse a una persona de 6 años con una cara, una voz y una vida.
De la mamá tampoco dijeron nombre; solo que había resultado herida. Esa madre anónima –otra de tantas– caminaba con su hija cerca del río Evarí, en el corregimiento de Virudó, Chocó. La niña descubrió una pelota y cedió al impulso de jugar, que se predica como derecho de los niños en los tratados internacionales, en la Constitución de 1991 y en la proliferación de leyes, decretos, orientaciones pedagógicas, informes y ‘jingles’ sobre atención integral a la infancia, ese inventario de buenos deseos incumplidos de cero a siempre en “la Colombia profunda” (un país con el mismo nombre del nuestro, pero situado en una dimensión paralela).
Cuando la niña comenzó a jugar, el balón se convirtió en una bomba y la mató. El dueño del balón, según se dijo, era el frente ‘Resistencia Cimarrón’, del Eln, pero el grupo lo negó en un comunicado y, a juzgar por las reacciones, tampoco parece prioritario investigar a quién pertenece el juguete. Al fin y al cabo, como es sabido, en la “Colombia profunda”, los niños juegan en campos minados. “De todas las víctimas desde 1990, 37 por ciento son menores de edad”, informó el comandante del Batallón de Infantería de Marina número 22, y la Dirección Contra Minas del Gobierno Nacional registra 379 víctimas de comunidades indígenas; ¡380 cifras sin nombre, sumando a esta niña, muerta en la ley de los niños, que es jugar con lo que encuentran.
La niña del balón se llama (perdón, se llamaba) Yisely Isarama Caisamo y la mamá, que se recupera de las heridas (físicas, pues de las otras es muy difícil), es Isabel Caisamo Garabato. Encontré, por fin, sus nombres en un comunicado: ‘El Gobierno lamenta accidente por mina antipersonal en bajo Baudó, Chocó’, era el título, y estaba suscrito por la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, y la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma). ¡El Gobierno y sus siglas: como quien dice, ningún doliente!
Por su parte, el Defensor del Pueblo expidió otro comunicado en el que, además de lamentar y repudiar el hecho, hizo “un llamado enérgico a las autoridades del orden nacional y local para que se desplieguen todos los planes y programas” (etcétera), y recordó (una vez más, cuántas más) que la entidad había advertido sobre “la presencia de estos artefactos explosivos y los riesgos que ellos suponen para los niños... de la región del alto, medio y bajo Baudó, a través de diferentes informes de riesgo y notas de seguimiento”.
Parece una broma macabra la campaña interinstitucional que conmina a los padres a evitar que sus hijos manipulen pólvora mientras se archivan informes de seguimiento y “llamados enérgicos” sobre los niños de ese país invisible que esquivan la muerte en campos minados. También es diciente que el hecho, ocurrido el 26 de noviembre, haya sido conocido por “las autoridades competentes” –como generosamente las llama el Defensor– el 1.° de diciembre, “a causa de las dificultades propias del acceso a estos territorios”. Que en estos tiempos de comunicación instantánea haya lugares como Virudó a cinco días de las autoridades y de las noticias quizás explica el silencio presidencial e institucional y la indiferencia de una sociedad que no se conmueve con semejante tragedia. En cualquier país, incluso en la Colombia que queda a este lado, sería un duelo nacional.
YOLANDA REYES