Los colombianos han tenido tradicionalmente la opinión de que las obras emblemáticas duran más tiempo que el estipulado y superan con creces el presupuesto inicial. Dicha impresión volvió a confirmarse la semana pasada, cuando se conoció que el Instituto Nacional de Vías había decidido decretar la caducidad del contrato adjudicado a la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC), encargada de la construcción del túnel de la Línea y otros trabajos adicionales en esa zona de Tolima y Quindío.
La mejora del paso por la cordillera Central es crítica para superar los cuellos de botella derivados de nuestra compleja topografía. El trayecto une el puerto de Buenaventura, el Valle y la zona cafetera con el interior del país, siendo tal vez el obstáculo más difícil del recorrido. La suma de accidentes, demoras y sobrecostos obliga a que existan soluciones para que este se pueda hacer con rapidez y seguridad, y darle un impulso a la competitividad.
Debido a ello, la administración Uribe abrió una licitación que fue adjudicada en el 2008. El propósito era que el ganador se comprometiera a completar el proyecto bajo la modalidad de suma fija y que todo quedara listo en el 2013. En su momento, la firma ganadora ofreció hacer el subterráneo y los desarrollos complementarios por menos dinero de los 700.000 millones de pesos que entonces se apropiaron.
No obstante, desde un principio se elevaron voces que señalaban que las cuentas no daban y que vendrían los aplazamientos. Eso fue efectivamente lo que ocurrió, pues el contratista alegó modificaciones en el diseño original y problemas geológicos que no habían sido detectados en el área. Ello explica las cuatro prórrogas concedidas, aunque en la última se determinaron 20 hitos que, de ser incumplidos, no darían lugar a reclamaciones posteriores.
Ese es el temor ahora que la UTSC debe entregar lo adelantado hasta ahora, que equivale al 88 por ciento de lo exigido. En el sector se alega que el consorcio en problemas cuenta con más abogados que ingenieros, una manera de insinuar que se busca reclamar por la vía legal lo que no se hizo, echándole culpa a imprevistos como el paro camionero pasado.
La razón fundamental de la determinación estatal fue el convencimiento, desde el punto de vista técnico, de que otra ampliación de plazo no serviría para nada. Por tal motivo, el Invías hizo lo correcto al cortar por lo sano, con el fin de conseguir una empresa que se encargue de concluir lo que falta.
Si todo sale bien, en la primera mitad del 2018 se estaría entregando el túnel de 8,6 kilómetros de longitud que irá en una sola dirección, mientras que la carretera antigua se podrá utilizar en el sentido contrario y en doble calzada. Para que eso suceda, el Gobierno está obligado a extremar los controles, pues una nueva frustración sería inaceptable.
Ojalá que la lección de los errores cometidos sirva para que historias similares no se repitan más. Los expertos afirman que en las autopistas de cuarta generación la posibilidad de ‘impasses’ como este es baja. En el entretanto, queda en claro que aquí se comprobaron dos dichos populares: que lo barato sale caro y que del afán no queda sino el cansancio.
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