En el reciente Congreso de Infraestructura, Santos, Vargas Lleras y los funcionarios del sector presentaron una detallada rendición de cuentas. El gremio y expertos nacionales e internacionales discutieron con ellos avances y pendientes en este campo prioritario para el desarrollo de la nación.
Hace una década solo se oían quejas por el enorme atraso de la infraestructura de transporte en el país y el desorden y la corrupción imperante en el sector. Ahora, todos reconocen los logros alcanzados con las nuevas leyes de alianzas público-privadas e infraestructura, y con la creación de instituciones como la ANI y la Financiera de Desarrollo Nacional.
Se celebra, en especial, el arranque de las 4G, el programa de inversión más ambicioso en América Latina. Se han concesionado 31 carreteras troncales, de las cuales 15 ya han iniciado obras. También se reconocen avances en vías secundarias y aeropuertos y los planes de Transporte I y II.
Pero también se exige que se complete la tarea.
Se insiste en la necesidad de poner a operar cuanto antes, con personal técnico idóneo y presupuesto suficiente, tanto la Unidad de Planeación Integrada (Upit) como la Comisión de Regulación (Crit), creadas en la Ley de Infraestructura del 2011. La Upit garantizaría que en el futuro haya: 1) expansión oportuna y eficiente de la infraestructura, actualizando permanentemente los planes integrados de transporte; 2) conexiones efectivas entre el transporte carretero, férreo y fluvial, que hoy no existen; y 3) coordinación entre las carreteras nacionales y los accesos a las ciudades, pues no sacamos mucho con ahorrar tiempo en la carretera para perderlo al entrar a la ciudad. La Crit regularía los peajes, los fletes y tarifas y la modernización de la flota con criterios técnicos (siguiendo los requerimientos de la Ocde), con lo que se reducirían costos de transporte y se podrían evitar los paros recurrentes de los camioneros, al despolitizar estos temas.
Se reconoce la gestión eficiente y transparente de la ANI e Invías. Pero se pide blindar el gobierno corporativo de estas entidades para evitar que en el futuro puedan recaer en las garras del clientelismo y la corrupción.
Se admira la efectiva labor de coordinación intergubernamental que ha llevado a cabo el Vicepresidente. Pero se solicita reforzar institucionalmente el programa Pines y la Comisión Intergubernamental de Infraestructura, puesto que esa tarea no puede depender en el futuro de una sola persona.
Los constructores reconocen que ha habido avances en la obtención de licencias ambientales en la Anla y en hacer más expeditos los procesos de compra y expropiación de predios, que antes eran las mayores trabas para las obras. Pero señalan que no los ha habido en permisos de corporaciones regionales, de cruces con redes de servicios públicos, ni en evitar los abusos de terceros en las consultas previas. Hay un proyecto de ley estatutaria, ya concertado, que traería mejoras en este último frente, pero está engavetado en el Ministerio del Interior.
Más aún, se considera que el Gobierno debe adoptar la recomendación de la Comisión de Infraestructura del 2010, de que ANI e Invías desarrollen diseños tentativos de los proyectos (Fase 3), hagan las consultas y obtengan las licencias y permisos (y adquieran predios) antes de adjudicar concesiones y obras. Así se hace en el mundo desarrollado. Esto ahorraría mucho tiempo en la obtención de financiamiento y ejecución de las obras.
Por último, los asistentes expresaron su malestar y estupor ante la corrupción que se ha apoderado de la contratación en la mayoría de los departamentos y municipios. Y urgieron la adopción obligatoria de pliegos estándar y un papel activo de la Contraloría Nacional para luchar contra este flagelo.
GUILLERMO PERRY