Un destacado profesor universitario de los Estados Unidos me ha escrito para recordarme la importancia que tuvo el programa de becas para veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de guerras posteriores para facilitar el regreso a casa de estas personas y asegurar que tuvieran un reingreso productivo y honorable a la sociedad. Otra razón para ofrecer el programa fue el temor de que el mercado laboral no podría absorber la multitud de soldados licenciados. Reteniéndolos en las universidades se podría posponer su ingreso a la fuerza laboral.
La ley que le dio vida a este programa (G. I. Bill of Rights) fue aprobada por el Congreso en 1944 y firmada por el presidente Roosevelt en junio de ese año. Los beneficios incluían préstamos para vivienda y para iniciar negocios, pagos de matrícula y manutención para que completaran bachillerato, universidad o entrenamiento vocacional. Lo más importante fue esto último. En los siguientes 12 años asistieron a la universidad 2,2 millones de veteranos financiados con este programa, y 5,6 millones adicionales de ellos se acogieron al programa para terminar el bachillerato o recibir algún tipo de entrenamiento (Olson, Keith. ‘The G. I. Bill and Higher Education: Success and Surprise’, ‘American Quarterly’ Vol. 25, n.° 5 (diciembre 1973, 596-610).
Los resultados de esta ley fueron muy importantes. Se llevó a cabo una inversión muy grande en capital humano que promovió crecimiento económico con efectos de largo plazo. También tuvo un impacto muy positivo en el sistema de educación superior de ese país. Nunca antes hubo una oportunidad tan uniformemente distribuida como esta, que hizo posible que personas de los más variados orígenes étnicos y sociales tuvieran acceso a la educación que había sido reservada hasta entonces para las élites económicas e intelectuales. Las clases populares pudieron aspirar a una educación universitaria. También fue la oportunidad para que las universidades públicas dieran un gran salto adelante, pues tuvieron un aumento inusitado de demanda de cupos y contaron con el apoyo del gobierno federal para invertir en infraestructura y conocimiento.
El profesor que me recordó el G. I. Bill sugiere que se organice muy rápidamente algo similar en Colombia para los veteranos del conflicto armado, tanto los que sirvieron en la Fuerza Pública como los guerrilleros desmovilizados. El programa podría limitarse inicialmente a pagar los costos de adelantar estudios para terminar el bachillerato o para pasar los exámenes equivalentes, para estudiar en las universidades y en las instituciones educativas que ofrezcan carreras intermedias. También debería cubrir los costos de programas nivelatorios que pongan a los estudiantes en posición de obtener resultados satisfactorios en las pruebas Saber Pro (Icfes).
Los elegibles serían en primer lugar soldados profesionales y policías que se retiren después de haber servido en la Fuerza Pública un número de años y guerrilleros recientemente desmovilizados e indultados. El número de beneficiarios del primer año sería del orden de 20.000 candidatos, de los cuales 3.000 podrían ir a universidades públicas e instituciones técnicas. En la U. Nacional, el costo anual de un estudiante es de 9 millones de pesos. En la de Cartagena, que también es acreditada, ese costo se reduciría a 3,5 millones. Los otros 17.000 se prepararían para validar o acabar el bachillerato y/o terminar primaria con un costo anual por estudiante del orden de 1,8 millones a 2,5 millones. La educación del grupo de 20.000 estudiantes costaría alrededor de 62.000 millones por año durante 5 o 6 años. Un programa de esa naturaleza en esos montos es financiable y sería la mejor manera de retenerlos y prepararlos para la vida civil y el mercado laboral.
RUDOLF HOMMES