Marcelina Canacué fue asesinada frente a su nieta de 9 años el pasado 25 de noviembre. La mujer de 60 años era líder social de la junta de acción comunal de la vereda Versalles en Palermo, Huila.
Su homicida fue capturado e identificado por la Policía como Jhon Alexánder Chala, un vecino de la zona. El móvil del crimen, según la investigación, tuvo que ver con líos de linderos de unas fincas en la vereda donde residía la víctima.
Erley Monroy fue asesinado el 18 de noviembre en San Vicente del Caguán, Caquetá; era un reconocido defensor del medio ambiente y se oponía a la presencia de las empresas mineras que llegaron a la región. Fue dirigente de la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero.
Su crimen sigue en investigación y establecer los móviles de su caso y de los de 56 líderes sociales asesinados este año es, según voceros del Gobierno Nacional, una prioridad en la que están empeñadas las autoridades del país. A la fecha, 13 casos han sido esclarecidos y 28 personas han sido capturadas.
Naciones Unidas, que maneja la lista oficial de defensores de derechos humanos, reporta 52 homicidios y cinco más en estudio para establecer si hacen parte de la lista de líderes comunales atacados. Confirman además 35 atentados contra líderes sociales, especialmente en zonas rurales.
“El Gobierno está muy preocupado por esta situación; es un asunto prioritario, hay que garantizar que estas investigaciones permitan establecer el origen de estos ataques, y poder enjuiciar a los responsables”, le dijo a EL TIEMPO el viceministro del Interior, Guillermo Rivera.
El funcionario agregó que los casos que involucran a líderes sociales, en particular los de Marcha Patriótica, tienen especial connotación porque en una primera hipótesis, se asume, “ocurren por su liderazgo social o político. Y es a la Fiscalía y a los jueces a los que les compete definir qué factores influyeron en su muerte o atentado”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica afirma que durante el 2016, 70 de sus miembros han sido asesinados, 232 amenazados y 21 han sido atacados.
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Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dijo que ha sostenido reuniones con las representantes de Marcha Patriótica para evaluar la situación de seguridad de sus integrantes y adoptar esquemas que garanticen su integridad.
“En la actualidad, la UNP está protegiendo a cerca de 74 integrantes de Marcha Patriótica. Nos hemos reunido para revisar la situación de sus líderes y estamos revisando sus esquemas”, afirmó Mora.
El funcionario señaló que ninguno de los líderes sociales asesinados en noviembre había solicitado algún tipo de protección.
Añadió que se activaron dos medidas de emergencia: para Danilo Bolaños, quien fue víctima de un atentado el 19 de noviembre en inmediaciones de La Unión, Nariño, y es delegado de las comunicaciones de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño. La otra es para Víctor Hugo Cuéllar, quien el 12 de noviembre resultó herido en San Vicente del Caguán, Caquetá. Venía de la funeraria donde velaban a Erley Monroy.
El viceministro Rivera señaló que se investiga si se trata de un ataque sistemático contra los líderes sociales en el país y que las pesquisas adelantadas por la Fiscalía y la Policía permitieron abrir tres hipótesis sobre los hechos.
La primera hipótesis es que están siendo asesinados por las redes que se financian de la minería ilegal, el narcotráfico y la restitución de tierras.
La segunda se centra en que las víctimas cayeron por la acción de la delincuencia común, y la tercera está vinculada a los movimientos en las zonas de agrupamiento que vienen realizando las Farc desde hace unos meses, factor que puede ser aprovechado por redes criminales para copar esos espacios.
Crímenes aclarados
Joel Meneses, del Comité Integración Macrocolombiana, fue asesinado el 28 de agosto en Almaguer, Cauca. Las autoridades establecieron que el líder indígena se oponía a la minería ilegal y al narcotráfico, por lo que el crimen fue ordenado por redes que se nutren de esas actividades ilícitas. Siete personas, señaladas como integrantes de la banda ‘los Monos’, ya fueron capturadas.
Klaus Stiven Zapata Castañeda, un reconocido líder comunitario integrante de Marcha Patriótica, fue asesinado el 6 de marzo en una cancha de fútbol en Soacha, Cundinamarca. Fue capturado su agresor, quien reconoció haber sostenido una pelea por un resultado de partido.
Camilo Roberto Taicus Bisbicuís, líder indígena awa, fue asesinado el 26 de agosto en Tumaco, Nariño. Opuso resistencia al hurto de 20 millones de pesos que llevaba. Un delincuente común integrante de la temida red ‘la Ciudadela’ fue capturado y aceptó el crimen.
“Es muy importante empezar cuanto antes a implementar los acuerdos de La Habana. Esa implementación nos permitirá ofrecer mayores garantías y nos dotará de instrumentos para ofrecer seguridad a los ciudadanos”, señaló el viceministro Rivera.
El general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, afirmó que hay un grupo especializado que trabaja con la Fiscalía “para articular todos los esfuerzos y poder llevar a cabo las investigaciones, aclarar los móviles de estos hechos y dar captura a sus autores”. Lo que dicen las autoridades es que harán todo lo necesario para evitar que se repita la historia de la persecución a la UP de los 80 y los 90.
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