En su último informe, el programa Concejo, Cómo Vamos (CCV) reveló algo que hacía mucho no se daba en Bogotá: que dicha corporación había mejorado sustancialmente su calificación. Hoy son más los concejales que aparecen con mejor desempeño, y los debates de control político, las propuestas legislativas, el cumplimiento de su deber registran guarismos positivos, superiores a los de años anteriores.
Del Concejo siempre se ha hablado con reticencia y prevención. Y no es para menos. En los últimos tiempos, varios de sus miembros se han visto envueltos en escándalos por tráfico de influencias, presiones indebidas, líos pasionales y relaciones poco transparentes con el Ejecutivo. Sin embargo, el hecho de mayor resonancia, que nos indignó a todos y que generó una ola de pesimismo en la ciudad, fue el ‘carrusel’ de contratos bajo la administración Moreno.
Concejales y secretarios de entonces terminaron tras las rejas. Otros siguen encartados judicialmente. Nadie se salvó de semejante descalabro. Y lo más aberrante es que quienes debían evitar que eso pasara, esto es, los órganos de control, también terminaron salpicados y en la cárcel: Miguel Ángel Moralesrussi, entonces contralor, y Francisco Rojas Birry, personero. Ellos, que debían simbolizar el manejo transparente de los bienes de la ciudad, la dejaron al garete y a merced de ladrones profesionales.
(También: Esta fue la calificación de los concejales en el segundo semestre de 2015)
Hago este recuento para expresar mi sorpresa ante lo que va a suceder en los próximos días y que podría ir en contra de esta nueva imagen del Concejo: la aprobación de sendos proyectos de acuerdo que disparan los gastos de funcionamiento de ambos organismos. La Contraloría reclama cerca de 9.000 millones de pesos anuales para nuevos cargos directivos y contratistas, su planta de personal pasará de 976 a 1.045.
Y la Personería demanda 12.000 millones para más de 600 nuevos contratistas que pagaremos los bogotanos con nuestros impuestos, y 7.000 millones adicionales para una nueva sede.
Dejemos las cosas claras: la personera y el contralor están en todo su derecho de pedir tales partidas. Lo están justificando en la necesidad apremiante que existe para descongestionar de procesos la ciudad, fortalecer programas, ponerse a tono con las nuevas entidades que se han creado –es decir, para monitorear con más burocracia la burocracia ya creada–. Consideran que es la única forma de volver eficiente el trabajo que desempeñan ambas entidades.
No es un delito. Nada de eso. El proyecto seguramente se aprobará y contará con los millonarios recursos, muy a pesar nuestro. Ya veremos qué dice el Alcalde cuando llegue a su despacho para la firma. Lo que no tiene presentación para el ciudadano del común, es que no exista entre los 976 empleados que tiene la Contraloría o los 1.200 servidores de la Personería, los profesionales idóneos para las tareas que demandan dichas dependencias. Me niego a creer eso.
En el sector privado, cuando se crean nuevas necesidades, se busca el talento desde adentro, y si no existe se capacita y si esto no funciona entonces ahí sí se recurre a buscarlos desde afuera. Dios quiera que todo esto no obedezca a la resaca que tienen los concejales tras el paso de la anterior Administración, que en esa batalla de odios mutuos, ni se aprobaron proyectos ni se les repartieron cargos, o al menos no en la proporción en que estaban acostumbrados. Porque si como denunció el concejal Jorge Torres lo que hay es un apetito desmedido por puestos, pues entonces lo del Concejo admirable ya no será tan cierto.
Como bogotano, como ciudadano, me sorprende todo esto. Soy de los que confío en un cabildo renovado, austero, que ha dado muestras de querer hacer bien su trabajo, con buenos debates, con bancadas serias. Ahí están los resultados que revela Concejo, Cómo Vamos. Entonces, ¿por qué no hacer un debate a fondo sobre las reclamaciones de Personería y Contraloría? ¿Por qué no revisar el perfil de los actuales funcionarios a ver si es cierto que no hay gente capaz para los retos que se exponen? ¿Qué pasa si se objeta este tema por parte de la Administración?
No se trata de oponerse per se, sino de saber administrar y cuidar unos recursos que nos pertenecen a todos nosotros. Pagamos millones en tributos, sin chistar. Y pagaremos más con todo lo que se viene. Y créanme, honorables concejales, lo haríamos gustosos si esos recursos se fueran mejor en obras y no en burocracia. Con 36.000 millones de pesos se les puede dar educación a 15.000 niños en un año, por ejemplo.
Nubia, estimados concejales, trabaja en una empresa de aseo. Anda buscando por todos los medios que su hija de 12 años pueda ser trasladada de un colegio privado a uno público. ¿La razón? No tiene con qué pagar los 140.000 pesos que le cuesta la pensión al mes en una institución privada. Y ya debe dos meses. Y tampoco tiene un colegio cerca que le permita ahorrarse lo que le cuesta el transporte para su hija.
Para que lo entiendan: esta mujer reclama 140.000 pesos para poder educar a su hija. ¿Y ustedes consideran, en su real saber y entender, que es más necesario disparar una nómina de empleados oficiales que nos costará lo mismo que cuesta hacerles un colegio a miles de niñas como la hija de Nubia?
Quizás tengan razón. Quizás el equivocado soy yo. Quizás, como reza el texto del proyecto de acuerdo que autoriza estos dineros, “el objetivo es entregar a la Contraloría de Bogotá nuevas herramientas para ejercer de manera más efectiva y mejor estructurada desde el componente técnico, el control fiscal de los recursos ejecutados por la Administración Distrital, a partir de una reorganización de la estructura orgánica e interna de la entidad”.
Solo les imploro un favor, concejales: ¿alguno podría explicárselo a Nubia?
ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor Jefe EL TIEMPO
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