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Así operará la comisión que le hará seguimiento al acuerdo de paz

Gobierno y Farc la instalaron el viernes. Habla académico que los asesorará, Francisco Díez.

JUAN CAMILO PEDRAZA
La Comisión de Seguimiento que verificará el cumplimiento de todo lo pactado en La Habana, instalada el viernes en cumplimiento del texto firmado el pasado 24 de noviembre en el teatro Colón de Bogotá, tendrá participación del Gobierno y las Farc.
El alto comisionado Sergio Jaramillo, el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo y el ministro del Interior serán los representantes oficiales en esa instancia. Del lado guerrillero, los integrantes serán los jefes Iván Márquez, Jesús Santrich y Victoria Sandino.
En ese mecanismo de seguimiento también estarán dos personajes de reconocimiento internacional y las Naciones Unidas. En el nuevo acuerdo se excluyó la permanencia de los países garantes y acompañantes del proceso de paz, por petición de los voceros del ‘No’ en el plebiscito.
Esta comisión tendrá la asesoría técnica del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (EE. UU). “El seguimiento durará de tres a cinco años, con equipo en terreno, y continuaremos por un total de 10 de manera virtual”, dice Francisco Díez, de ese centro académico que ayudará para que lo pactado no quede en letra muerta. En diálogo con EL TIEMPO, explica cómo será su funcionamiento.
¿Cómo afectan los cambios del nuevo acuerdo para el trabajo de seguimiento?
Hubo muchos cambios, pero la comisión fue modificada levemente. Le da mucha más importancia a la secretaría, con la cual tendríamos una relación más directa. Nuestro rol de apoyo técnico no cambia.
¿En qué consiste ese rol?
Vamos a colectar información acerca de cómo se está cumpliendo el acuerdo de paz, a elaborar reportes sobre la implementación y a generar análisis comparativos respecto a otros procesos de paz. Así, la Comisión de Seguimiento, la instancia política, tendrá todo eso más las lecciones aprendidas de otros procesos.
¿Cómo será la interacción con Naciones Unidas?
La misión política de la ONU monitoreará el punto tres, sobre el cese del fuego y de hostilidades, la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil de excombatientes. Nosotros haremos el trabajo de cruzar la información que ellos tengan.
Nuestra idea es estar al servicio de quienes tienen la responsabilidad política de la vocería, que son los miembros de la comisión, con data seria y análisis de los procesos de implementación que ya tenemos estudiados.
¿Qué pasó con los representantes de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega que integraban la comisión?
El acuerdo solo dice que podrán ser consultados y se les podrá pedir apoyo sobre todo para el tema de resolución de disputas en el seno de la comisión. Pero no son partes permanentes, como eran antes, ni tampoco parte del componente técnico; ahora solo somos nosotros.
El rol de los cuatro países ha sido muy relevante y sigue siéndolo en el nuevo acuerdo. Acompañaran a la CSIVI con un delegado durante el proceso del D+180 días y facilitan la resolución de diferencias.
¿Si hay controversias, es la comisión la que resuelve?
Sí. Con nuestro manejo de la información, trataremos de generar consensos acerca de qué es lo que se puede hacer ante alguna diferencia en la implementación. Nuestro trabajo es servir al objetivo común de lograr un alto nivel de cumplimiento de los acuerdos.
¿Cómo operarán en el país?
Tendremos un equipo en Bogotá, calculo de 15 expertos, que viajaría las veces necesarias al terreno. Y, un cronograma con los sitios, los temas y las acciones que se tienen que realizar, a partir del acuerdo. Son al menos 582, entre ellas tramitar cerca de 150 leyes. Identificamos las disposiciones estratégicas, que si no se implementan, afectan el desenvolvimiento completo del acuerdo, como la justicia transicional.
Recibiremos información de todas las instancias mencionadas, como la Unesco y la Fao, vinculadas a la implementación. Tenemos que movilizar recursos, pero lo mínimo que necesitamos para funcionar ya está asegurado.
¿Cada cuánto harán los reportes?
El equipo en terreno va a enviar un informe semanal a Kroc, en EE. UU., para tener la matriz del cumplimiento del acuerdo lo más actualizada posible y con datos científicamente válidos.
Manejaremos esa información con la comisión para generar alertas tempranas y poder ayudar a la comprensión de lo que está sucediendo. Si la comisión tiene preguntas, en 24 o 48 horas generamos un paper para mostrar los antecedentes en distintos lugares.
¿Eso será público?
Trabajaremos respondiendo a la comisión. Nuestros productos van a estar cubiertos por la confidencialidad. Aunque la sociedad civil puede participar en las sesiones.
¿En el cronograma tendrán en cuenta los tiempos políticos, presupuesto, etc.?
Hemos hablado con la consejería del Posconflicto, la Presidencia y Planeación para hacer consistente el análisis con lo que harán las agencias del Gobierno.
La experiencia en procesos de implementación en otros países nos enseña que la calidad de la paz depende de cuán robusta sea la implementación. El acuerdo puede ser no muy bueno, pero si la implantación es robusta, la calidad de la paz va a ser buena.
También sabemos que en algunos casos pareciera que se están cumpliendo los acuerdos pero resulta que lo que se espera que funcione, no funciona. Por ejemplo, en el tema de tierras hay un instituto encargado de hacer el saneamiento de los títulos de propiedad. Se crea ese instituto, las autoridades se ponen a cargo y pareciera que ese punto se implementa.
Ahora, resulta que en el proceso de titulación de las tierras, los que están a cargo favorecen solo a sus amigos o a un partido político. Eso es una fuente de recurrencia del conflicto. Tenemos que mirar no solo el cumplimiento formal, sino de los objetivos.
¿Qué pasa si hay atrasos o el avance es nulo?
Generamos el reporte de la situación y el documento de análisis comparativo de cuando se dio una situación similar en otros países. No vamos a dar recomendaciones, sino a facilitar la construcción de consensos acerca de la utilización de esa información.
Todas las decisiones las toma la Comisión de Seguimiento, que será una institución colombiana y la encargada de hacer la verificación de los acuerdos.
¿En cuáles países han hecho el mismo trabajo?
Es la primera vez que cualquiera en el mundo hace este tipo de misión. Otros centros académicos han estudiado acuerdos de paz o procesos de negociación, pero en el estudio sobre la implementación, año a año de cada una de las cláusulas de los acuerdos, somos los únicos. Esta vez lo haremos en tiempo real.
Expertos señalan que, en Latinoamérica, los acuerdos de paz han quedo en letra muerta. ¿Coinciden?
Así es. Analizando el nivel de cumplimiento de algunas disposiciones de los acuerdos vemos qué pasó y por qué pasó. Es un análisis no solo cuantitativo, sino cualitativo. No hay un acuerdo de paz que se haya implementado completamente en el mundo.
¿En dónde se han acercado al cumplimiento del cien por ciento?
Una buena experiencia fue la de Irlanda del Norte, que al día de hoy continúan con la implementación. Y la de Sudáfrica, donde funcionó muy bien en muchas cosas, pero tuvo problemas la comisión de la verdad. En ambos países se superó el 65 por ciento y consolidaron la paz.
No estaba vigente el Estatuto de Roma que impone obligaciones en materia de justicia…
Era una realidad completamente distinta. Nos parece que es maravilloso lo que han logrado aquí. El solo hecho de poner a las víctimas en el centro del sistema de justicia es algo muy inteligente.
¿Los acuerdos se pueden adaptar sobre la marcha?
Eso es clave para el sostenimiento de los acuerdos porque siempre hay una contradicción. Lo que está en el papel es rígido y no lo puede prever todo.
Pero depende. Por ejemplo, se piensa una política pública de sustitución de cultivos y resulta que cuando llegas al lugar donde se tiene que hacer estás rodeado de bandas criminales. No es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, se necesita mucho para implementar eso.
¿No se supone que los acuerdos son inmodificables, tras la inclusión de las propuestas de los voceros del ‘No’?
Sí, son inmodificables. La Comisión es para resolver las disputas que se generan en la implementación de lo que es inmodificable, es decir, la voluntad de las partes para los cambios que hay que hacer.
Para solucionar esos conflictos es útil una instancia como esta, por ejemplo, si se tiene que hacer una reforma al tercer mes y se llega al cuarto y no se ha hecho por diversas dificultades. Esa es una de las virtudes del acuerdo a nivel mundial.
La oposición, pese a los cambios, sigue criticando el acuerdo. ¿Afecta esto para la implementación?
Entorpece todo. Donde el ambiente político está tensionado, la generación de los instrumentos para la implementación rápida y eficiente, se complica, como en el caso de Nepal. ¡Allí la comisión de verdad y reconciliación tardó ocho años en crearse! Y así hay muchos casos, el acuerdo se cae, se reanuda la violencia y se vuelve a renegociar…
He visto coincidencias muy fuertes en todos sectores políticos, inclusive con los del ‘No’, como el desarme y la lucha contra las economías ilegales. Ojalá tengan más relevancia que las disidencias.
Sin el ‘fast track’, la guerrilla teme que el Congreso haga cambios a los acuerdos...
Es un temor fundado. El Congreso tiene sus competencias intactas, pero debe entender que la aspiración es que las leyes sean un reflejo de lo acordado y realmente sirvan para implementarlo.
¿Qué significa lograr, por fin, un acuerdo definitivo?
Hemos visto que en las sociedades que llegaron a la paz por acuerdo hay menos recurrencia del conflicto y tuvieron un mejor desarrollo y crecimiento económico y social, que aquellas que lo hicieron por victoria militar.
Estos diálogos ya han generado muchas lecciones para los procesos de paz futuros. Nos gustaría que el proceso de implementación genere lecciones sobre cómo lograr una alta calidad de cumplimiento de lo acordado, con apoyos internacionales y análisis serios.
JUAN CAMILO PEDRAZA
Redacción Paz
JUAN CAMILO PEDRAZA
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